Piden verificar condiciones de lideres comunitarios salvadoreños presos
EFE
El abogado Dennis Muñoz, defensor de seis líderes comunitarios acusados de asesinar a una mujer en 1989 en el contexto del conflicto armado interno (1980-1992) en El Salvador, insistió este martes en que se verifiquen las condiciones carcelarias y de salud de sus defendidos, ya que aseguró que «desde hace un mes no tiene acceso» a ellos.
El letrado presentó un escrito ante el Juzgado Primero de Vigilancia Penitenciaria de San Salvador en el que solicitó, nuevamente, la verificación.
«He solicitado que se me permita visitar a las personas que represento que se encuentran mal de salud (…) y que tengan acceso al derecho a la salud a través de evaluaciones, sea por médicos públicos o que se nos permita llevar a médicos privados», manifestó Muñoz a periodistas.
Además, que «se verifiquen las condiciones carcelarias en las que se encuentras mis defendidos, ya que, como sabemos, existe actualmente hacinamiento carcelario», añadió.
El abogado agregó que «desde hace más de un mes» no tiene acceso a los detenidos y que sus familiares «no los ven desde que fueron detenidos», en enero pasado.
Los señalados -en total ocho, aunque solo seis están detenidos- son procesados por los delitos de asesinato, privación de libertad y agrupaciones ilícitas.
Los detenidos son Miguel Gámez, Alejandro Laínez, Pedro Rivas, Teodoro Pachecho, Saúl Rivas y Fidel Recinos. Además, es señalado el excomandante guerrillero y «uno de los firmantes de los Acuerdos de Paz» de 1992 Eduardo Sancho Castaneda, con seudónimo de guerra Fermán Cienfuegos, mientras que del octavo procesado no se conoce la identidad.
La comunidad Santa Marta, ubicada en el central municipio de Victoria, fue uno de los lugares más golpeados durante el conflicto armado interno y sus habitantes han pedido en reiteradas ocasiones justicia ante los casos de violaciones de derechos humanos.
Lideres comunitarios de esa ciudad fueron los pioneros de una ley contra la minería, aprobada en marzo de 2017 por el Congreso y que prohíbe la exploración, extracción, explotación y procesamiento, ya sea a cielo abierto o subterráneo en el país. EFE
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