Piden «justicia» ante CorteIDH por ejecuciones extrajudiciales en Venezuela
EFE
La venezolana Dinorah María Díaz Loreto pidió este jueves a la Corte Interamericana de Derechos Humanos justicia para su padre y hermanos que habrían sido ejecutados extrajudicialmente en Aragua, Venezuela, en el año 2003.
«Estoy aquí con el fin de limpiar el nombre de mi familia de mi padre y hermanos que no se merecían eso. Queremos que se haga justicia porque en Venezuela no fuimos escuchados en ningún momento, y pedir que no se repita esta historia (…) Los pobres no recibimos justicia», expresó Díaz, entre lágrimas, a los jueces.
El caso se relaciona a la alegada responsabilidad del Estado de Venezuela por las presuntas ejecuciones extrajudiciales de los hermanos Robert Ignacio y David Octavio Díaz Loreto, así como su padre Octavio Ignacio Díaz Álvarez, ocurridas el 6 de enero del 2003 por parte de funcionarios policiales.
La demanda de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos determinó que no ha existido un esclarecimiento judicial definitivo y que el Estado Venezolano no cumplió con la carga de ofrecer una explicación satisfactoria sobre el uso letal de la fuerza.
Según narró Dinorah María Díaz Loreto, una comisión de policías llegó a su casa y tomaron a la fuerza a uno de sus hermanos. Posteriormente su padre y otro de sus hermanos fueron a buscarlo, pero los interceptaron los policías.
«Mi padre sale en busca de mi hermano, lo intercepta la policía le disparan a mi otro hermano, y mi papá cuando va a ayudarlo le disparan por la espalda (…) Yo me voy al hospital y después de unos minutos llega la policía y de la parte trasera sacan a uno de mis hermanos y a mi papá muertos», afirmó Díaz.
La supuesta víctima también recordó que durante todos estos años, ella, su madre, su esposo y sus hijos han vivido con un miedo constante y bajo amenaza de la policía del estado de Aragua.
Los hechos están enmarcados en un contexto de violencia por parte de cuerpos de seguridad nacionales y estatales en Venezuela, y en el estado de Aragua, en particular de ejecuciones extrajudiciales, que ya habían sido del conocimiento de las autoridades como la Fiscalía General, según la demanda.
El perito propuesto por las presuntas víctimas, Lisandro Raúl Cubas, afirmó que hay información que indica que entre los años 2001 y 2010 se ha tenido conocimiento de la existencia de 100 casos de ejecuciones extrajudiciales, según datos de la misma Defensoría del Pueblo.
«En Aragua esa práctica era recurrente y la respuesta institucional ha sido mínima (…) La impunidad en Venezuela es un problema estructural», declaró Cubas.
Los hechos también se relacionan con las alegadas violaciones a las garantías y protección judicial en el marco de la investigación y proceso y el incumplimiento a una investigación diligente.
El representante del Estado de Venezuela, Larry Devoe, dijo en sus alegatos que las presuntas víctimas cometieron un robo con arma y los policías dieron respuesta tras una «inminente amenaza».
«El 6 de enero Reinaldo Portillo fue víctima de un robo con arma de fuego y según sus declaraciones acudió a la sede policial para solicitar auxilio ante la situación. El señor Reinaldo Portillo pudo identificar a los del delito y en respuesta las presuntas víctimas respondieron con fuego», explicó Devoe.
El agente venezolano añadió que durante la actuación los policías «cumplieron con la proporcionalidad y el uso de la fuerza», por lo que solamente «respondieron a los disparos y realizaron la menor cantidad de disparos posibles».
A partir de ahora, la CorteIDH, con sede en Costa Rica, estudiará la posibilidad de dictar una sentencia, para lo cual no tienen plazo límite.
