Piden a Bukele reactivar ente de atención a víctimas de guerra salvadoreña
EFE
Dos organizaciones sociales de El Salvador pidieron este martes al presidente Nayib Bukele que reactive un consejo que dirigía las acciones de reparación de las víctimas de la guerra civil (1980-1992) y que estaba adscrito a una extinta secretaría del Gobierno.
Según el Centro para la Promoción de DD.HH. «Madeleine Lagadec» y Cristosal, el Consejo Directivo de Reparación a Víctimas de Violaciones a los Derechos Humanos (CODREVIDH) funcionaba en la Secretaría de Inclusión Social (SIS), eliminada por Bukele en los primeros días de su Gobierno.
Las organizaciones señalaron en un comunicado que dicha instancia «servía para dar dirección a las medidas de reparación» derivadas de un registro oficial de víctimas del conflicto armado y «permitía una interlocución» entre las organizaciones y el Ejecutivo.
«Demandamos del Gobierno de la República que reorganice los servicios del Estado para dar continuidad al Registro Nacional de Víctimas», señala el documento.
La referidas organizaciones representan a los sobrevivientes y víctimas de una masacre perpetrada en 1982 por el Ejército en el departamento de San Vicente (este), en un sitio llamado El Calabozo.
Según el Informe de la Comisión de la Verdad de las Naciones Unidas de 1993, el 7 de agosto de 1982 el elite batallón Atlacatl comenzó un «vasto operativo militar antiguerrillero» con unos 6.000 hombres, que se saldó con unos 200 civiles asesinados.
Los pobladores de las localidades huyeron de sus casas «por miedo a los bombardeos y a la violencia de los soldados» y se congregaron en el sitio conocido como El Calabozo, donde «fueron ametrallados», según los testimonios de los sobrevivientes.
El 15 de noviembre de 2017, la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema ordenó la reapertura de la investigación sobre esta masacre.
La experta del Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF) Silvana Turner localizó en octubre de 2018 unos restos óseos que se supone pertenecen a una familia de seis personas ejecutadas por el Ejército.
Efe constató la localización de un cráneo fragmentado, una mandíbula, piezas dentales y ropa de niños y adultos en una fosa.
Según el director de Derechos Humanos de la organización Cristosal y ombudsman entre 2013 y 2016, David Morales, la intervención militar en esta zona del país fue mayor a la realizada durante la masacre de El Mozote en 1981, donde fueron ejecutados unos 1.000 civiles desarmados.
