Piden a bancos internacionales suspender inversiones ligadas a junta birmana
EFE
Las ONG Justice for Myanmar y BankTrack pidieron este jueves a más de una treintena de bancos internacionales, incluidos los españoles Santander y CaixaBank, que cancelen o suspendan sus inversiones en empresas que tengan alguna vinculación con la junta militar en Birmania (Myanmar).
En un informe, las ONG afirman que las entidades financieras, principalmente grandes grupos como Mitsubishi UFJ, Sumitomo Mitsui, JPMorgan Chase, UBS y Credit Suisse, suman más de 35.000 millones de dólares (28.500 millones de euros) en inversiones en empresas que tienen lazos con compañías estatales o bajo el control directo del Ejército birmano.
«Los bancos internacionales que hemos destacado tienen claras responsabilidades en derechos humanos. La campaña despiadada de terror de los militares es posible gracias a sus intereses económicos y los bancos tienen un papel crucial», indicó en un comunicado Yadanar Maung, portavoz de Justice for Myanmar.
Hannah Greep, de BankTrack, llegó a decir que los bancos que no desinviertan podrían ser considerados «cómplices» de los crímenes de los militares, que han llevado a cabo una feroz represión contra los manifestantes prodemocráticos desde el golpe de Estado del pasado 1 de febrero.
Mientras que los mayores bancos tienen inversiones indirectas de entre 1.000 y 5.000 millones de dólares, los volúmenes del Grupo Santander y CaixaBank son de los menores con cerca de 160 millones de dólares (130 millones de euros) y 116 millones de dólares (94 millones de euros), respectivamente, según el informe.
En un mensaje enviado a Efe, el Banco Santander señaló que considera «claves los aspectos sociales y ambientales» de las operaciones de inversión y que presta «especial atención» en el caso de países «que hayan sido sancionados por la ONU o la UE por violaciones de los derechos humanos o represión interna».
Por su parte, CaixaBank subrayó que no tiene presencia ni oficina de representación en Birmania y que las inversiones y operaciones en multinacionales globales se realiza «siempre de acuerdo con las políticas de gestión del riesgo de la entidad».
El informe de las ONG señala dos tipos de empresas, las que tienen intereses económicos con compañías ligadas directamente a los militares y aquellas que están vuinculadas con empresas estatales birmanas que ahora están bajo el control de la junta.
Entre las primeras, sobre las que la ONG pide cancelar las inversiones, se encuentran la india Bharat Electronics, que suple de material de defensa al Ejército birmano, la surcoreana POSCO, el grupo hotelero Hilton (EE.UU.), Shangri-la (Hong Kong) o Tokio Tatemono (Japón).
Algunos ejemplos de multinacionales con inversiones vinculadas a empresas estatales birmanas, sobre las que se recomiendan suspender o revisar las inversiones, son Chevron (EE.UU.), Shell (EE.UU.), Total (Francia), Petronas (Malasia) y PTT (Tailandia).
Justo anoche, Chevron y Total anunciaron que no repartirán beneficios por la explotación de un gasoducto en Birmania en el que participan junto con Myanmar Oil and Gas Enterprise (MOGE), una compañía controlada por el Ejército birmano, debido al «contexto inestable» en el país.
PRINCIPIOS ÉTICOS DE LA ONU Y LA OCDE
Justice for Myanmar y BankTrack indicaron en el comunicado que tanto la OCDE y la ONU afirman en sus principios éticos que los inversores internacionales, incluidos los bancos, tienen la responsabilidad de usar sus inversiones como medida de presión para prevenir o mitigar abusos de los derechos humanos.
En un informe en 2019, expertos de la ONU instaron a las empresas extranjeras a no tener tratos con los conglomerados militares birmanos Myanmar Economic Holdking Limited (MEHL) y Myanmar Economic Corporation (MEC), ante el riesgo de que esto ayudara al Ejército a cometer «graves violaciones de los derechos humanos con impunidad».
El Ejército birmano lanzó unas operaciones militares en 2016 y 2017 contra la minoría musulmana rohinyá, lo que provocó miles de muertos y el éxodo de más de 800.000 personas a la vecina Bangladés, lo que está siendo juzgado por presunto genocidio en la Corte Internacional de Justicia de La Haya.
Los militares también han sido acusados por el movimiento prodemocrático birmano de haber matado desde el golpe de estado a al menos 827 personas, incluidos 73 menores, en la represión de las protestas y contra civiles.
