Petrobras y EEUU recibirán cerca de 300 millones de dólares por desvíos
EFE
El Gobierno brasileño anunció este martes la firma de un acuerdo de lenidad con las empresas Technip Brasil y Flixibras, vinculadas con las corruptelas desveladas por la Lava Jato, y con el que se prevé la devolución de unos 293 millones de dólares a Petrobras y a la administración estadounidense.
En el acuerdo, firmado por la Contraloría General de la Unión (CGU), la Abogacía General de la Unión (AGU), el Ministerio Público y el Departamento de Justicia de los Estados Unidos, las compañías admiten irregularidades y daños a la administración pública con los dineros obtenidos por actos de corrupción y se comprometen a repararlos y a continuar cooperando con la investigación.
Según el Gobierno brasileño, se trata de la primera «negociación global» concluida en la Lava Jato, la mayor operación anticorrupción en la historia de Brasil.
La negociación prevé que Technip Brasil y Flexibras paguen a Petrobras y al Gobierno de los Estados Unidos, en un plazo que se extiende hasta julio de 2021, la suma de 1.130 millones de reales (unos 293 millones de dólares).
De ese total unos 819 millones de reales (212 millones de dólares) regresarán a la estatal petrolera de Brasil, y otros 313 millones de reales (unos 81 millones de dólares) volverán a las arcas de la administración estadounidense.
De acuerdo con el contralor general, Wagner Rosário, los pagos se efectuarán en tres parcelas, siendo la primera de forma inmediata, y las otras, en 2020 y en 2021.
Con este acuerdo de lenidad ya son ocho los firmados desde 2017 por la CCU y la AGU con empresas investigadas por corruptelas que han sido desvelados por la Lava Jato.
El retorno total a las arcas públicas negociado a través de estos convenios es de aproximadamente 10.000 millones de reales (unos 2.597 millones de dólares), de los cuales se han pagado hasta el momento más de 2.100 millones de reales (unos 545 millones de dólares).
Otros 20 acuerdos de lenidad se están negociando actualmente, según confirmó la Abogacía General de la Unión, la oficina que atiende los asuntos jurídicos del Gobierno brasileño.
