Perú reitera que acatará el fallo de la CorteIDH sobre el indulto a Fujimori
EFE
El Ministerio de Justicia de Perú reiteró este viernes en un comunicado que acatará la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CorteIDH) que deja en manos del sistema de justicia peruano evaluar la legalidad del indulto humanitario otorgado al expresidente Alberto Fujimori.
Antes de cumplir con lo resuelto por el tribunal internacional, «el Estado peruano, como corresponde, realizará un análisis serio y en profundidad de la sentencia de la CorteIDH», aclaró el Ministerio de Justicia.
«Consideramos que lo responsable, como Estado y Gobierno democrático, no es reaccionar agitando banderas, sino asumir una posición seria de análisis antes de expresar cualquier pronunciamiento», agregó.
Asimismo, manifestó nuevamente el respeto y honra del Estado peruano y del Ejecutivo a los instrumentos internacionales que ha suscrito.
La CorteIDH dio tiempo hasta el 29 de octubre próximo para que las partes presenten avances y aclaró que tiene la potestad de pronunciarse sobre el indulto «posteriormente» en caso de que lo considere necesario.
Apuntó que corresponde a las autoridades peruanas «analizar si el ordenamiento jurídico peruano prevé otras medidas que, sin implicar un perdón de la pena por el Ejecutivo, permitan proteger la vida e integridad de Fujimori».
Por su parte, las ONG que llevan la defensa legal de las víctimas de las matanzas por las que fue condenado el expresidente Fujimori aseguraron hoy en una conferencia de prensa que la resolución de la CorteIDH es un precedente y un hito histórico para todo el continente.
La Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDDHH) destacó que el fallo establece un estándar para resolver indultos o reducciones de condenas a sentenciados por graves violaciones a los derechos humanos, como es el caso de Fujimori.
El abogado Carlos Rivera, del Instituto de Defensa Legal (IDL), explicó que la CorteIDH tomó la decisión de devolver el caso a la jurisprudencia interna porque ya existen precedentes relevantes como un indulto al productor de televisión José Enrique Crousillat, revocado por el Tribunal Constitucional.
En la sentencia se hace incluso referencia al caso Pativilca, otra matanza sobre la que un tribunal peruano anuló el derecho de gracia que Fujimori había recibido junto al indulto para no ser procesado por ningún otro caso similar.
El indulto dado la pasada Navidad por el expresidente Pedro Pablo Kuczynski permitió a Fujimori salir en libertad cuando todavía le quedaban por cumplir más de la mitad de los 25 años de prisión a los que fue condenado en 2009 como autor mediato (con dominio del hecho) de las matanzas de Barrios Altos (1991) y La Cantuta (1992), donde murieron 25 personas a manos del grupo militar encubierto Colina.
Los argumentos de la decisión fueron de carácter humanitario al padecer Fujimori, de 79 años, una supuesta enfermedad grave y degenerativa, sin carácter terminal, que se agudizaba en prisión, donde tenía atención médica permanente en una cárcel construida expresamente para él, con una amplia celda de tres ambientes.
Sin embargo, quedó la sospecha de que el indulto fue un acuerdo político de Kuczynski con Fujimori, pues lo liberó tres días después de que se salvara en el Congreso de ser destituido en diciembre, gracias a los votos de diez congresistas fujimoristas liderados por Kenji Fujimori, hijo menor del expresidente, quien le había pedido en repetidas ocasiones el indulto.
