Perú purga sus universidades tras décadas de precarización y baja calidad
EFE
Escasa investigación, mala infraestructura y baja calidad; un lastre de décadas de precariedad en la universidad peruana que un ente regulador intenta mejorar con filtros básicos de control que ahora dan sus primeros y devastadores resultados para la industria de la educación.
El tamiz aplicado por la Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria (Sunedu) ha llevado a que en apenas un año, 21 universidades hayan perdido su licencia de funcionamiento y otras 43 estén bajo evaluación, de entre los 145 centros de educación superior que operan en el país entre públicos y privados.
Este proceso está marcado por la hostilidad de una parte del sector educativo, por influencias y relaciones políticas de algunas de las universidades implicadas y por la situación de miles de estudiantes que se sienten estafados y desprotegidos en su afán por obtener una educación superior.
Alcanzar el mínimo
«Son condiciones esenciales para el servicio universitario», explicó a Efe el superintendente de la Sunedu, Martín Benavides, sobre los ocho puntos exigidos por este ente regulador para otorgar la licencia funcionamiento a las universidades.
La Sunedu obliga a que toda universidad tenga objetivos académicos, grados, títulos y planes de estudio; oferta educativa compatible con los instrumentos de su planeamiento; e infraestructura y equipamiento adecuados.
También líneas de investigación y disponibilidad de personal docente calificado, servicios educacionales complementarios básicos, mecanismos de inserción laboral y la condición complementaria de una gestión universitaria con transparencia.
Liberalización y lucro
Para Benavides, la pérdida de esas «condiciones esenciales» en la universidad se produjo con la crisis económica de los años 80, que llevó a que el Estado desatendiera a las universidades públicas.
A ello se sumó que a partir de 1996, durante el Gobierno Alberto Fujimori (1990-2000), una ley de promoción de la inversión en la educación habilitó la creación de universidades privadas con fines de lucro, lo que convirtió a Perú en el segundo país suramericano con mayor número de universidades, por detrás de Brasil.
«Si bien permitió que más jóvenes puedan acceder a la universidad, esto se hizo sobre la base de una oferta universitaria que no ofrecía ni siquiera la calidad básica», agregó Benavides.
En 2008, el Tribunal Constitucional concluyó que la actividad educativa universitaria debe contar con «la irrenunciable, eficiente, eficaz y permanente supervisión y fiscalización del Estado», lo que habilitó la ley que permite operar a la Sunedu.
Trabas empresariales y políticas
Una de las cosas que más sorprende de la política peruana es el estrecho vínculo de algunas universidades con la clase política, que obtiene expertos, analistas, peritos e incluso candidatos de los claustros de profesores de instituciones afines.
Otras universidades son donantes de partidos, de forma oficial o bien con dinero irregular no declarado que está siendo investigado por las autoridades peruanas.
El uso de esos vínculos ha sido la fórmula de resistencia de diversos empresarios e incluso el recientemente disuelto Congreso, dominado por el fujimorismo y la derecha, quiso crear comisiones para analizar al organismo e incluso forzó en 2016 la destitución del ministro de Educación Jaime Saavedra, el impulsor de la Sunedu.
«Son estrategias, artificios, de personas que realmente no están buscando que las universidades peruanas mejoren», valoró Benavides al juzgar esos movimientos.
El ejemplo Telesup
Un ejemplo de esta vinculación es la de la Universidad Telesup, dirigida por el excongresista José Luna Gálvez, investigado por haber ayudado a blanquear dinero de la corrupción de Odebrecht en el país a través de su institución.
Telesup no obtuvo el licenciamiento, pero luego logró una dudosa medida cautelar en una ciudad amazónica que le autorizó a seguir operando, emitida por un juez que renunció horas después de emitir el fallo y ha sido denunciado por la Sunedu por prevaricación.
Apoyo estudiantil
La mayoría de jóvenes entre 18 a 24 años apoya la labor de la Sunedu, según una encuesta publicada en septiembre pasado por la empresa Ipsos, que situó la cifra en un 69 %, una relevante posición si se considera que el cierre de las universidades ha complicado la continuidad de los estudios de decenas de miles de estudiantes.
«Me siento estafada. Yo elegí Telesup porque la mensualidad es de 350 soles (poco más de 100 dólares) y porque podía hacer mi carrera a distancia, pero ellos tenían la obligación de cumplir con la ley y no lo han hecho», explicó a Efe una alumna de cuarto año de Administración, que prefirió mantener su nombre en reserva.
Benavides señaló que la Sunedu «no ha querido que sea un cierre drástico», ya que las universidades con licencia negada tienen hasta dos años para cesar sus actividades para, de esa manera, «velar por la continuidad de los servicios que daban en su casa de estudios».
Aún hay más
La lista de espera por un licenciamiento la integran 43 universidades hasta la fecha, entre ellas Alas Peruanas, autodenominada la más grande del Perú por las 84 filiales que poseía cuando inició el proceso en 2017, pero que ha tenido que reducir a 33 sus locales, como parte de su plan para obtener la licencia.
«Hemos tenido que cambiar estatutos, reglamentos, contratar a personal competente, cerrar locales, filiales, iniciar una oferta académica sincerada e invertir 220 millones de soles (unos 66 millones de dólares)», dijo a Efe José Castillo, presidente ejecutivo de dicha universidad.
