Perú | Empresario que acusa a Castillo de corrupción sale de la prisión
EFE
El colaborador eficaz de la Fiscalía peruana Zamir Villaverde, uno de los principales denunciantes contra el presidente de Perú, Pedro Castillo, salió este martes del penal de Ancón, en el norte de Lima, para seguir en libertad el proceso por presunta organización criminal abierto contra el mandatario.
Villaverde salió del penal en silencio, a pesar del gran número de periodistas que lo esperaba a la salida de la prisión de máxima seguridad e ingresó en una camioneta que partió del lugar rodeada por resguardo policial.
El último fin de semana, un magistrado aceptó variar la detención preventiva contra Villaverde a libertad con restricciones por el aparente peligro que existía en la cárcel contra el empresario y después de que entregó nuevo material incriminatorio contra Castillo.
El empresario peruano debe pagar 100.000 soles (25.000 dólares) de caución impuesta por la sala que aprobó su liberación.
El jefe de Estado es investigado actualmente por presunta organización criminal, tráfico de influencias agravado y colusión agravada, a raíz de las revelaciones de Villaverde y la también empresaria Karelim López de haber dado dinero en efectivo al exministro de Transportes Juan Silva, para que lo entregue a Castillo, supuestamente con el fin de facilitar la adjudicación de obras en el Estado a ciertas empresas.
El fiscal Samuel Rojas explicó durante una audiencia del caso que existen audios que indican que Villaverde entregó 30.000 soles (8.000 dólares) a Silva para dárselos a Castillo.
Sin embargo, el programa periodístico Punto Final reveló el domingo pasado que otro audio de Villaverde habla sobre 100.000 soles (más de 25.000 dólares) entregados a Silva para que le de la mitad al jefe de Estado, así como un teléfono celular de alta gama, entre octubre y noviembre del año pasado, durante el proceso de adjudicación del Puente Tarata III.
Por su parte, López también ofreció material que revelaría que entregó al mandatario unos 41.000 dólares en Palacio de Gobierno y en la casa que usó durante la campaña electoral en la calle Sarratea, en un distrito de Lima.
En esa audiencia, en la que la defensa de Castillo buscaba que se anule la investigación, el fiscal expresó que era «la primera vez que un presidente en funciones ha sido sindicado de liderar una organización criminal enquistada en los estamentos del Estado», a los que juró defender al asumir el cargo, para «cometer delitos de corrupción».
A raíz de esta denuncia también están investigados y con orden de captura el exsecretario de la Presidencia Bruno Pacheco, en cuya oficina la Fiscalía encontró 20.000 dólares, y un sobrino del mandatario, que aparentemente participó en las coordinaciones de la entrega del dinero.
