Perú afronta una nueva crisis política en plena pandemia de la COVID-19
EFE
En medio de la pandemia de la COVID-19, que ha convertido a Perú en el quinto país con más casos en el mundo, la nación andina afronta una nueva crisis entre el Ejecutivo y el Congreso, a cuenta de la lucha contra la corrupción y la decisión de retirar la inmunidad a todos los altos funcionarios del Estado.
En un regreso a las tensiones que en septiembre de 2019 llevaron a la disolución de la Cámara y a nuevas elecciones, y tras varios meses con la atención centrada en la lucha contra la pandemia, este nuevo enfrentamiento se ha desatado por las maniobras parlamentarias ante propuestas que el Ejecutivo considera cruciales para la reforma institucional del país.
El clímax del choque se produjo el domingo, cuando la Cámara aprobó, tras un radical cambio de postura en menos de 24 horas y sin dictamen ni análisis previo, una norma que retira la inmunidad a todos los funcionarios públicos, incluido el presidente, en una maniobra que ya ha sido catalogada como inconstitucional.
Esto ha abierto un escenario de fuego cruzado en el que muchos, incluida la presidenta del Tribunal Constitucional (TC), Marianella Ledesma, han adelantado una opinión en contra, e incluso el presidente Martín Vizcarra aseguró que es «un ardid para mantener la inmunidad parlamentaria».
MARCHAS Y CONTRAMARCHAS
El pasado sábado, en la última sesión del Congreso antes del final de la legislatura, los parlamentarios aprobaron una iniciativa que retiraba la inmunidad a los legisladores, pero con un número de votos que impedía que esta reforma constitucional pudiera ser aprobada con otra simple votación en la cámara durante la siguiente legislatura.
Los diputados tampoco aprobaron una norma para impedir que personas condenadas en primera instancia por delitos dolosos pudieran postularse como candidatos en las elecciones.
El domingo, en medio de la indignación social por esta votación, Vizcarra anunció en un discurso televisado que llevaría este asunto a referéndum.
A las pocas horas, el Congreso se reunió en un pleno extraordinario y revisó lo hecho el día anterior, añadiendo por el camino numerosos cambios al proyecto de cambio constitucional que originalmente se había debatido.
El presidente de la comisión de Constitución, Omar Chehade, redactó en ese momento una modificación para eximir de responsabilidad legal a los legisladores en su labor mientras retiraba las protecciones legales vigentes al presidente, los ministros y altos funcionarios «por cualquier delito que cometan en el ejercicio de sus funciones y hasta cinco años después de que hayan cesado estas».
Por tratarse de una modificación constitucional, la norma debe ser sometida a una nueva votación durante una segunda legislatura, que comienza este mismo lunes.
TOMADURA DE PELO
«Nos quieren tomar el pelo, quieren que esto se caiga por los vicios de inconstitucionalidad», declaró este lunes un molesto Vizcarra al comentar la decisión del Parlamento, tras lo cual defendió su posición de que el tema debió ser llevado a referéndum.
Aunque el gobernante aseguró que se incorporaron «una serie de factores sin ningún nivel de debate y análisis», con el objetivo de «invalidar esa aprobación», también enfatizó que no tiene temor a que se le retire la inmunidad.
«Le digo a los congresistas, a todos los peruanos, no tengo temor a que me quiten la inmunidad presidencial, porque siempre he obrado con transparencia y honestidad», sostuvo.
A pesar de ello, el mandatario consideró que este tema ha sido «distorsionado» por los parlamentarios y «seguramente alguien va ir al Tribunal Constitucional a dejarlo sin efecto».
«Creemos que es un ardid para mantener la inmunidad parlamentaria, si quieren algo contra el presidente acá está para responder por cualquier tema», ratificó.
DEBILIDAD DEMOCRÁTICA
En medio de las reacciones adversas, la presidenta del Tribunal Constitucional consideró que medidas de este tipo debilitan las instituciones democráticas de su país, mientras que analistas señalaron que un cambio tan importante debió ser sometido a un debate profundo y contar con la opinión de expertos.
«Lo que veo acá es una práctica que va degenerando, en vez de construir y fortalecer la democracia respectiva. Eso me preocupa. El modelo democrático se está debilitando con estas actuaciones», declaró Ledesma.
La actuación del Legislativo también fue criticada por el procurador anticorrupción Amado Enco, quien consideró que «en el fondo, se tiene la intención de dificultar o seguir manteniendo la impunidad frente a posibles delitos de corrupción de algunos congresistas».
REVANCHA CONTRA EL PRESIDENTE
Más contundente fue el primer ministro, Vicente Zeballos, quien cuestionó la «ligereza» y el «aprovechamiento político» con que actuó el Congreso y aseguro que esta reforma es una «revancha» ante las exigencias del presidente Vizcarra.
«Esta es una reacción, no sé si venganza sea el término más apropiado, pero totalmente irracional, una revancha. Mucha ligereza, escasa ponderación en temas tan importantes para el país», sostuvo Zeballos en la emisora RPP Noticias.
El primer ministro agregó que en el Ejecutivo están «bastante preocupados» en la lucha contra la epidemia de la COVID-19, pero no pueden «pasar por alto este tipo de aprovechamiento político de esta circunstancia, para pasar por un costadito este tipo de modificaciones normativas».
Adelantó, sin embargo, que ya que la norma deberá ser sometida a una votación en segunda legislatura, el Gobierno buscará «llegar a cada uno de los congresistas para que acudan a una revisión de su grave y delicada decisión».
En respuesta, el vicepresidente del Congreso Luis Valdez negó que todo sea una venganza política contra Vizcarra y recordó que todos los últimos mandatarios peruanos están siendo investigados por presuntos actos de corrupción.
«Queremos desterrar la corrupción y si hemos legislado quitando la inmunidad al presidente es porque es algo que históricamente se hubiese dado», sostuvo antes de opinar que «es importante» que un mandatario «se someta a la Justicia» y «nadie puede tener corona» en su país.
