Penalizar la ayuda a los inmigrantes afectará los beneficios de los niños
EFE
La decisión del presidente de EEUU, Donald Trump, de limitar el acceso a la ciudadanía o a la residencia permanente a inmigrantes que reciban ayuda pública fue considerada este lunes un ataque a la democracia y una forma de «penalizar» el acceso de los niños a la comida, advirtieron hoy varias organizaciones sociales.
La posibilidad de retirar la residencia permanente a quienes sean considerados una «carga pública» tomó por sorpresa a activistas, expertos y conocedores de política pública, quienes coincidieron en que envía un mensaje en contra de la migración.
Bajo esta nueva regla, un inmigrante legal que vive en Estados Unidos será definido como «carga pública» si recibe «uno o más beneficios públicos designados» durante más de 12 meses en un período de 36 meses.
Estos beneficios públicos incluyen asistencia alimentaria, vales de ayuda de vivienda y programas que subsidian el elevado costo de los medicamentos, entre otros.
«Al penalizar a la gente que tiene algún tipo de subsidio público, alimentos, las estampillas para la comida o ese tipo de cosas, básicamente se está penalizando a los niños, el acceso a la comida de los niños, de las familias inmigrantes de bajos recursos», dijo a Efe Isaías Guerrero, de la organización Fair Immigration Reform Movement (FIRM).
Para Guerrero, esto supone también un ataque a la democracia, «que básicamente ha creado estos programas para poder ayudar a las familias a que salgan adelante».
«Esta última acción tomada por la Administración Trump puede forzar a familias inmigrantes a escoger entre poner comida sobre la mesa y solicitar ayuda médica; o forzarlos a irse del país», se quejó en una declaración el presidente del Comité Nacional Demócrata, Tom Pérez.
La vicepresidenta de Tecnología de interés público y de iniciativas locales en New America, Cecilia Muñoz, señaló que el Gobierno Trump está «usando la política para eliminar la elegibilidad de muchos de los que típicamente consiguen visas y tienen éxito en Estados Unidos».
«Y eso es porque tenemos una Administración que realmente quiere reducir la inmigración y está usando cada posibilidad para hacerlo», opinó Muñoz.
Carlos Gutiérrez, que entre 2005 y 2009 fue secretario de Comercio durante el Gobierno del republicano George W. Bush (2001-2009), apuntó que esta acción «manda el mensaje de que no queremos inmigrantes» y buscar hacerle «la vida más pesada a los inmigrantes».
«Hay que sumar esa decisión de hoy con todo lo demás que se está haciendo. Es una política antiinmigrante, es una política antipersonas que son diferentes. Yo creo que quieren güeritos (rubios), no sé. Pero se ve que esta es una Administración que no le gustan los inmigrantes», agregó.
El presidente del Instituto de Políticas Migratorias (MPI, en inglés), Andrew Selee, manifestó su preocupación porque personas que están tratando de cambiar su estatus migratorio «sean menos propensas a usar beneficios públicos a los cuales tienen derecho en este país», lo que consideró «puede afectar la salud y el bienestar de las familias».
«Este país siempre se ha beneficiado del flujo de personas que viene de todo el mundo, es parte central de la innovación, del dinamismo económico de este país, de la fuerza laboral», sostuvo el experto.
Mientras, Fernando García, director ejecutivo de Border Network for Human Rights de la localidad de El Paso (Texas), consideró que Trump se inclina por «aquellos migrantes ricos que pueden demostrar que no van a ser una carga pública».
«Queda claro que ahora su ataque contra la migración legal es parte de su campaña antiinmigrante, antiinmigración en general, ya no importa si es indocumentada o no (la persona)», puntualizó García, para quien la actual política fronteriza «está matando niños en la frontera», «construye muros absurdos» y tiene «una narrativa, una retórica de odio y de racismo».
