Pedro Pablo Kuczynski presta juramento como presidente de Perú en Congreso
Con información de Panorama
Pedro Pablo Kuczynski, un experimentado economista descendiente de inmigrantes europeos, tomó el jueves las riendas de Perú con el desafío de acelerar el ritmo de la economía para lidiar con una gran asignatura pendiente: reducir la extendida pobreza. Kuczynski, que a sus 77 años se convirtió en el mandatario elegido más veterano de América, asumió por cinco años la presidencia sucediendo a Ollanta Humala.
Después de saludar a los mandatarios de México, Argentina, Colombia, Chile y Paraguay, Kuczynski se puso de pie ante el Congreso para cumplir con la ceremonia. «Juro por Dios, por la patria y por todos los peruanos que ejerceré fielmente el cargo de presidente de la República», dijo Kuczynski, de traje gris y corbata roja, poco antes de recibir la banda presidencial blanquirroja y entonar el himno peruano.
Se esperaba que el mandatario diera poco después su primer discurso al frente del país minero. El conservador Kuczynski ha adelantado que lanzará medidas para impulsar la inversión en infraestructura y conducir a todo vapor la actividad productiva, pero también para combatir la corrupción y una creciente ola de inseguridad que, según las encuestas, es la principal preocupación de los peruanos.
«Perú tiene la necesidad de una revolución social, el manejo macroeconómico no es nuestro problema, aquí no hay inflación, aquí hay muy poca devaluación», afirmó Kuczynski esta semana en una conferencia con la prensa extranjera.
Aunque el país andino goza de estabilidad económica, en los últimos años su actividad productiva se ha desacelerado tras haber registrado tasas de 6 por ciento de crecimiento promedio en la década pasada, una de las más altas de Latinoamérica.
Aún entonces, en medio del auge de las materias primas, la bonanza no llegó a todos los estratos sociales. Hoy más de una quinta parte de los 31 millones de peruanos todavía vive en la pobreza, y Kuczynski promete reducir la cantidad a la mitad. Para eso, el nuevo Gobierno deberá encarrilar millonarios proyectos -en su mayoría extractivos- que están paralizados por conflictos sociales.
