Pasan a juicio a cinco adolescentes detenidos por protestas en Caracas y Yaracuy
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Cinco de los 68 adolescentes que permanecen detenidos por las protestas poselectorales fueron pasados a juicio durante el fin de semana por tribunales con competencia en terrorismo, según denuncias de familiares y la ONG Una Ventana a la Libertad.
Uno de ellos es Diomer Gómez, de 17 años de edad, quien se encuentra detenido en la Unidad de Atención Ciudad Caracas, ubicado en El Cementerio. Otros cuatro están privados de libertad en el centro de coordinación policial de la urbanización Juan José de Maya de San Felipe, estado Yaracuy.
En el caso de Gómez, sus familiares se enteraron de la audiencia preliminar, que se hizo pasadas las 9:30 p.m, luego de que el abogado defensor pudo comunicarse con ellos, por lo que no estuvo acompañado de un representante como lo estipula la ley.
Ahora, señaló una de sus hermanas, deben esperar a conocer cuándo iniciará el juicio. Diomer Gómez fue acusado de los presuntos delitos de terrorismo, incitación al odio y hurto calificado. «El expediente claramente dice que no existen pruebas, pero a través de una jurisprudencia la Fiscalía dice que se tiene que ir a juicio para ellos buscar la prueba. ¿Eso es justo? ¿Más de 50 días detenido y aún la Fiscalía no tiene pruebas?», reclamó su hermana Dionexis García en días pasados.
La ONG Una Ventana a la Libertad informó que otros cuatro adolescentes señalados de participar en las protestas poselectorales en San Felipe fueron enviados a juicio el jueves 28. Este grupo fue detenido el 30 de julio en Boraure, municipio La Trinidad, tras ser señalados de haber participado un día antes en una manifestación en el sector Las Tapias, en la capital de Yaracuy.
«En la audiencia del pasado jueves la fiscalía les ofreció admitir los hechos y otorgarles así un beneficio procesal, pero los jóvenes se negaron», destacó la organización en una nota de prensa.
La ONG Justicia, Encuentro y Perdón también denunció que un grupo de adolescentes detenidos en la ciudad de Valencia, estado Carabobo, estaba siendo presionado para admitir delitos que no han cometido. Recordó además que cualquier declaración obtenida bajo coacción carece de validez legal.
Con información de Tal Cual
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