Partido de Rousseff pide medidas cautelares a CIDH por proceso de destitución
EFE
El Partido de los Trabajadores (PT) pidió a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) medidas cautelares por el proceso de destitución de la presidenta suspendida de Brasil, Dilma Rousseff, informó este miércoles a Efe una portavoz del organismo.
El partido de Rousseff también presentó una denuncia, es decir, una petición para el sistema de casos de la CIDH, al considerar que se ha violado el debido proceso en todo el desarrollo de la eventual destitución de la presidenta, según explicó a Efe la portavoz de la Comisión, María Isabel Rivero.
La medida cautelar es un mecanismo que la CIDH, órgano autónomo de la Organización de Estados Americanos (OEA), adopta cuando cree que hay urgencia a la hora de proteger los derechos de una persona o grupo al existir una situación de riesgo, mientras que las denuncias del sistema de casos suelen tardar años en resolverse por la complejidad del trámite y el retraso procedimental debido a la falta de fondos de la entidad.
Si la Comisión no tiene suficiente convicción sobre «el riesgo inminente de daño irreparable» puede no otorgar las medidas cautelares pero tampoco rechazarlas, es decir, quedaría atenta a la evolución de un tema y pidiendo información al Estado en cuestión.
El PT anunció sus solicitudes a la CIDH horas después de que el pleno del Senado brasileño aprobara por 59 votos a favor y 21 en contra un informe que recomienda avanzar hacia la fase final del proceso de destitución, que será efectuada a finales de este mes.
Los diputados Paulo Pimenta y Paulo Teixeira, ambos del PT, explicaron que lo que buscan con las medidas cautelares es que se «suspenda» el juicio político contra Rousseff, que califican de «ilegal».
La CIDH, creada en 1959, vive ahora la peor crisis financiera de su historia y denuncia repetidamente que su retraso de años a la hora de procesar las denuncias se debe a su crónica insuficiencia de recursos económicos para poder dar respuesta a las miles de solicitudes que recibe cada año de países de todo el continente.
Brasil, bajo la presidencia de Rousseff, ha acumulado un retraso de 20 millones de dólares en su contribución obligatoria al presupuesto anual de la OEA, cuyo 6% se destina a financiar la CIDH.
La Comisión otorgó en 2011 una medida cautelar para proteger a los pueblos indígenas afectados por la construcción de la represa de Belo Monte en Brasil.
La CIDH solo ha emitido un comunicado sobre el proceso de destitución de Rousseff, el pasado 18 de mayo, y lo hizo para expresar su profunda preocupación ante decisiones adoptadas por el presidente interino, Michel Temer, las cuales representan, a su juicio, un retroceso y tienen un impacto negativo en la protección y la promoción de los derechos humanos en el país.
La Comisión hizo también entonces un llamado al Poder Legislativo a actuar estrictamente dentro del marco de la ley y con apego a los principios del derecho internacional de los derechos humanos.
En este sentido, la CIDH recordó que el Artículo 21 de la Declaración Universal de Derechos Humanos indica: «La voluntad del pueblo es la base de la autoridad del poder público; esta voluntad se expresará mediante elecciones auténticas que habrán de celebrarse periódicamente, por sufragio universal e igual y por voto secreto u otro procedimiento equivalente que garantice la libertad del voto».
Sin embargo, la CIDH no se ha expresado sobre este caso con la rotundidad con la que lo ha hecho el secretario general de la OEA, Luis Almagro, una de las voces internacionales que ha defendido con más ahínco que «no hay fundamento» para la destitución de Rousseff.
