Paro de transportistas termina con saqueos en Perú
EFE
La ciudad peruana de Huancayo, en el departamento de Junín (vecino de Lima), fue escenario este viernes de saqueos de diversos comercios y destrozos de cajeros automáticos e instalaciones públicas tras una protesta de transportistas a nivel nacional contra el incremento del precio de los combustibles, sin que por ahora se reporten heridos.
Cientos de personas salieron a unirse a la protesta de los transportistas en Huancayo y se concentraron en los exteriores de la municipalidad provincial, donde lanzaron piedras y rompieron ventanas de este edificio.
La Policía Nacional, aparentemente, quedó desbordada de forma temporal por la cantidad de manifestantes en las calles de Huancayo y se mantuvo en resguardo de la municipalidad y del Gobierno regional de Junín, ubicados en el centro de esa ciudad.
Mientras eso sucedía, el canal N mostró que decenas de personas ingresaron a un supermercado y salieron con productos en las manos, sin que nadie lograra detenerlos.
Asimismo, se reportaron destrozos en sedes de bancos y en cajeros automáticos de la calle Real, una de las principales de la ciudad de Huancayo.
El jefe de la región policial Junín, Colin Sin Galván, detalló al Canal N que, por el momento, hay diez detenidos por daños a la propiedad publica y privada.
A los transportistas, que están en su quinto día de paro, se han unido gremios de agricultores y otros sectores que exigen la presencia del presidente Pedro Castillo y del primer ministro, Aníbal Torres, para instalar una mesa de diálogo.
A raíz de estos hechos, la Presidencia del Consejo de Ministros informó que una comitiva de ministros, formada por los titulares de Comercio Exterior, Desarrollo Agrario y Cultura, se pusieron en marcha hacia Huancayo para «fortalecer el diálogo con los gremios de transportistas en huelga».
«Exhortamos al diálogo y rechazamos todo hecho vandálico», señaló el Consejo de Ministros a través de su cuenta en Twitter.
Horas antes, el Ejecutivo afirmaba que los transportistas tienen derecho de huelga, pero «no pueden afectar la propiedad ni bloquear carreteras porque estos actos constituyen delito».
«El Estado resguarda el orden por los mecanismos legales. Nuestro Gobierno está dispuesto a solucionar las demandas sociales con diálogo», señaló otro mensaje del Consejo de Ministros en esa red social.
Los gremios de transportistas de carga pesada comenzaron el lunes una huelga indefinida para protestar por el alza del combustible y urgir una mesa de diálogo con el Gobierno para negociar la reducción del costo del petróleo y derivados.
La protesta, que el martes llegó a bloquear 40 vías a nivel nacional, continuó este viernes a pesar de los acuerdos que anunció la víspera el primer ministro, Aníbal Torres.
El paro había sido anunciado días atrás ante la subida de precios de los combustibles y exige eliminar la competencia desleal de los transportistas extranjeros y direccionar la reserva de carga para los gremios nacionales.
Además, urge la eliminación del impuesto selectivo al consumo de los combustibles y la revisión de los contratos de concesión de carreteras y peajes.
Con el afán de mitigar esa alza, el Ejecutivo oficializó el martes una serie de medidas técnicas, entre ellas la incorporación por tres meses de la Gasolina de 84 y 90 y el Gasohol de 84 al Fondo de Estabilización de los Precios de los Combustibles Derivados de Petróleo (FEPC).
En este fondo, lanzado en 2004 para evitar que la elevada volatilidad de los precios internacionales del petróleo se traslade a los consumidores peruanos, también se incluyó temporalmente al Diésel 2 y al Gas Licuado de Petróleo (GLP) a granel.
El Gobierno también anunció ayer la creación de una «comisión de diálogo» para atender las demandas de los transportistas de carga pesada, que hace cinco días comenzaron un paro indefinido en varias regiones del país en protesta por el alza del combustible.
Con información de Efe.
