Parlamento venezolano llevará persecución a militares a entes internacionales
EFE
El Parlamento venezolano, de mayoría opositora, aprobó investigar al alto mando de la Dirección de Contrainteligencia Militar de la Fuerza Armada (DGCIM), por las denuncias de «persecución» contra militares y aseguró que serán llevadas a «las respectivas instancias internacionales».
Tras una sesión a la que solo acudieron los diputados opositores, se acordó el inició del procedimiento «de manera inmediata» contra el director de la DGCIM, el general Iván Hernández; el jefe de Investigaciones, el coronel José Franco Quintero, y su cadena de mando.
Todos ellos serán investigados «por la presunta ejecución de torturas y violaciones a los derechos humanos de decenas de presos políticos», dicta el texto oficial.
Los parlamentarios también responsabilizan al alto mando militar por «la complicidad institucional en la violación de los derechos fundamentales de los presos políticos militares, así como por el irrespeto al debido proceso de los mismos».
Asimismo, la Asamblea Nacional (AN, Parlamento unicameral) prevé llevar estos casos hasta «las respectivas instancias internacionales en acompañamiento a las gestiones realizadas por familiares y los abogados de los detenidos arbitrariamente, así como solicitar la solidaridad y apoyo ante tan delicada situación».
Los diputados opositores sostienen que en los últimos años se ha llevado a cabo «la destrucción institucional de la Fuerza Armada Nacional, pues esta ha sido empleada como un instrumento político y no como garante de la paz y estabilidad».
El debate se dio a propósito de la detención de varios implicados, algunos de ellos militares, en un supuesto plan de conspiración financiado por factores políticos de Colombia y los Estados Unidos, según el presidente venezolano, Nicolás Maduro.
Según cifras del Foro Penal venezolano, al menos 40 militares han sido detenidos en el país en lo que va de año, la mayoría de ellos acusados de delitos contra el decoro militar, rebelión, traición a la patria y motín.
En medio de este escenario, la Asamblea Nacional exigió hoy «la inmediata liberación de los presos políticos civiles y militares» detenidos por expresar sus ideas, además de las garantías de un debido proceso.
Esta petición también coincide con el anuncio del presidente Maduro de otorgar beneficios procesales a opositores presos como parte de su «nuevo comienzo» tras ser reelegido en su cargo en las elecciones presidenciales del 20 de mayo.
Para esta semana se espera que un nuevo grupo de «presos políticos» sea liberado, según dijo hoy el exdandidato presidencial venezolano Javier Bertucci que, aseguró, que alcanzó acuerdos en esta materia con el Gobierno.
«Nos dicen que van a soltar a un nuevo grupo de presos políticos esta semana y seguiremos la próxima semana haciendo la presión», informó Bertucci en rueda de prensa.
Una gestión similar realizó el dirigente opositor venezolano Pedro Pablo Fernández quien sostuvo un encuentro hoy con Maduro.
«El presidente nos sugirió que trajéramos una lista de presos políticos que solicitáramos su liberación, nosotros queremos anunciar que trajimos nuestra lista, la lista son todos los presos políticos», dijo Fernández al término de una reunión en el palacio presidencial de Miraflores.
El mandatario venezolano también se reunió en esta jornada con con los directivos de medios de comunicación en el país y con representantes de las entidades financieras.
En estas reuniones pidió a los representantes de la banca pública y privada su cooperación para abrir corresponsalías en Rusia, India, China y Turquía para que el país «pueda seguir manejando sus cuentas internacionales» tras señalar que EE.UU. «persigue todas las cuentas» de Venezuela.
Asimismo, anunció que postergará por lo menos por 60 días la reconversión monetaria pautada por él para este lunes 4 de junio y con la que se le quitarán tres ceros a la moneda.
El anuncio se hizo luego de que el presidente de la Asociación Bancaria de Venezuela (ABV), Aristides Maza, planteara la necesidad de postergar la medida por lo menos durante 90 días, tiempo en el que estiman adecuar las entidades financieras.
