Parlamento británico apoya ley que reescribe el acuerdo del Brexit
EFE
El plan del primer ministro británico, Boris Johnson, para ignorar unilateralmente las partes más controvertidas del acuerdo del Brexit superó este lunes su primer obstáculo parlamentario, a pesar de las críticas que suscita tanto desde la oposición como desde la propia bancada del Gobierno conservador.
Johnson hizo valer una vez más su amplia mayoría absoluta en la Cámara de los Comunes, que respaldó con 295 votos a favor y 221 en contra un proyecto de ley con el que podrá reescribir el Protocolo para Irlanda del Norte, que regula el estatus de la región británica tras la ruptura con la Unión Europea (UE).
Algunos diputados «tories», incluida la ex primera ministra Theresa May, cargaron contra los planes de su Ejecutivo al argumentar que socavan tanto la legalidad internacional como la reputación del Reino Unido, que firmó en 2019 un tratado del que ahora reniega al considerar que provoca demasiadas fricciones políticas y económicas.
Con todo, Johnson evitó que ese conato de revuelta interna hiciera descarrilar la ley en su primera prueba parlamentaria. La votación de hoy allana el camino para las siguientes fases en los Comunes, aunque persiste el temor a que la Cámara de los Lores (Alta), donde el Ejecutivo no tiene mayoría, trate de modificar o frenar la legislación.
PROYECTO «LEGAL» Y «NECESARIO»
La ministra de Exteriores, Liz Truss, insistió durante el debate de hoy en que su proyecto es «legal» y «necesario» para mantener la estabilidad en Irlanda del Norte.
El Ejecutivo autónomo de poder compartido en Belfast no se ha restaurado tras las elecciones de mayo, que ganó el republicano Sinn Féin, ante la negativa de los unionistas a desbloquearlo si Londres no da pasos para eliminar el Protocolo acordado con la UE.
Ese bloqueo político, junto con las fricciones comerciales en el paso entre Gran Bretaña a Irlanda del Norte, centró los argumentos de Truss a favor de la ley.
Si el texto sale adelante, el Gobierno tendrá competencias, según la legislación británica, para limitar los controles aduaneros pactados con Bruselas y anular el papel del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) como última instancia para disputas comerciales en la región, que continúa integrada en el mercado comunitario.
También tendrá libertad para aplicar subsidios y desgravaciones fiscales en Irlanda del Norte, que según los acuerdos debe cumplir las reglas europeas para evitar competencia desleal con el resto del mercado, así como para que las empresas norirlandesas puedan prescindir de los estándares comunitarios si sus productos no están destinados a la UE.
PREOCUPACIÓN POR LA REPUTACIÓN DEL REINO UNIDO
La ex primera ministra Theresa May, que en 2019 intentó sin éxito en tres ocasiones que el Parlamento aprobara su propio acuerdo del Brexit, se situó hoy entre las voces más críticas con Johnson.
«No doy la bienvenida a esta ley», dijo May, que argumentó que el texto contraviene la legislación internacional y socava la «posición del Reino Unido a los ojos del mundo».
El también conservador Simon Hoare, presidente del comité de los Comunes para Irlanda del Norte, recalcó asimismo su «enorme preocupación sobre la legalidad» del proyecto de su Gobierno.
Hoare defendió la necesidad de «desvincular» los intentos por restaurar el Ejecutivo de poder compartido norirlandés y las negociaciones con Bruselas sobre el Protocolo.
«Esta ley es un fracaso político que pone en riesgo la reputación del Reino Unido. Los argumentos que la respaldan son endebles, en el mejor de los casos, o incluso irracionales, en el peor», agregó.
El portavoz de Exteriores de la oposición laborista, David Lammy, admitió por su parte que «las barreras y controles que eran inherentes (al Protocolo) han creado nuevas tensiones que deben ser resueltas», pero subrayó que esta ley es «dañina y contraproducente».
«La estrategia que la respalda es defectuosa, la justificación legal es débil y el precedente que sienta es peligroso», dijo Lammy, que acusó de «hipocresía» a un Ejecutivo conservador que llama a otros países a «cumplir sus obligaciones internacionales» al tiempo que está dispuesto a saltarse las suyas.
