Paraguay recibe apoyo de la FAO para reducir la pobreza indígena y rural
EFE
El Gobierno paraguayo y la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO), sellaron este jueves varios acuerdos de cooperación técnica con el objetivo de reducir la pobreza rural y de las comunidades indígenas, y frenar su migración a las ciudades.
Se trata, en concreto, de tres proyectos de asistencia técnica que la FAO dará a las instituciones paraguayas para la elaboración de políticas públicas dirigidas a esos colectivos y mejorar la articulación entre las diferentes instituciones involucradas en la implementación de planes sociales.
El canciller de Paraguay, Luis Alberto Castiglioni, signatario de los acuerdos junto al representante en Paraguay de la FAO, Jorge Mesa, aseguró tras el acto de firma, en la sede de su Ministerio, que servirán para «aumentar nuestras capacidades para enfrentar el desafío de la reducción de la pobreza extrema y la pobreza».
Según la última estimación de la Dirección General de Estadística, Encuestas y Censos (Dgeec), un 26,4 % de la población paraguaya vivía en 2017 en situación de pobreza, mientras que un 4,41 % sufría pobreza extrema, mientras que en el área rural la pobreza alcanzó al 36,22 % de la población, y la pobreza extrema al 8,97 %.
En el caso de las comunidades indígenas, en las que se calcula que habitan unas 120.000 personas de los más de 6 millones de habitantes que tiene Paraguay, el 76 % vive en situación de pobreza extrema.
En ese sentido, Castiglioni señaló que la disminución de la pobreza rural e indígena es «uno de los grandes desafíos» del país, y contribuiría a reducir la «migración del campo a la ciudad», con la elaboración de «programas más consistentes de inclusión» que permitan a las familias «desarrollarse dignamente aprovechando las potencialidades de nuestro campo».
Así, uno de los acuerdos contribuirá con el proceso de elaboración del Plan Nacional de Pueblos Indígenas (PNPI), mientras que otro colaborará en la coordinación de las diferentes instituciones encargadas de desarrollar e implementar políticas públicas para favorecer la «inclusión productiva rural».
El último busca mejorar la eficiencia de «respuesta rápida» del Estado a situaciones de emergencia agrícola, a través de «metodologías de buena gobernanza» e «instrumentos de gestión de información agroclimática», con miras a la adaptación al cambio climático.
El representante de la FAO remarcó que dichos acuerdos se enmarcan en la Agenda 2030 de Naciones Unidas que establece los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), y afirmó que «es posible erradicar el hambre para 2030», a través de una «combinación de inversiones en agricultura sostenible, desarrollo rural, inclusión productiva y laboral y medidas de protección social».
