Paraguay endurece leyes contra el uso ilegal de electricidad para criptominería
EFE
El Gobierno de Paraguay sancionó este viernes una ley que eleva de tres hasta diez años las penas de prisión por la sustracción de energía eléctrica y prevé el decomiso de los bienes usados para la criptominería ilegal en el país, informaron fuentes del Ejecutivo.
El presidente paraguayo, Santiago Peña, rubricó la Ley 7300 «que protege la integridad del sistema eléctrico, dispone la incautación y comiso de bienes asociados a dicho hecho punible y modifica el artículo 173» del Código Penal.
Al respecto, la portavoz del Gobierno, Paula Carro, explicó en una conferencia de prensa que la ley, por un lado, «eleva a diez años la expectativa de pena privativa de libertad por sustracción ilegal de energía eléctrica para fines de criptominería».
De igual forma, establece el decomiso de los equipos y bienes usados para esa actividad, que pasarán a ser administrados temporalmente por la estatal Administración Nacional de Electricidad (Ande) y luego podrán ser vendidos.
La portavoz indicó que la ley pretende «tener un efecto disuasivo sobre aquellas industrias que se están instalando de forma ilegal» en el país, y aclaró que «no se busca perseguir ni criminalizar la criptominería como tal».
En mayo pasado, la Administración de Peña presentó ante el Senado dos proyectos de ley orientados a elevar las penas y sanciones por el robo de energía destinada a criptominería ilegal, y atraer las inversiones en proyectos de generación eléctrica de fuentes no convencionales y no hidráulicas.
El titular de la Ande, Félix Sosa, refirió durante la conferencia de prensa que la actividad de criptominería se instaló de forma masiva en el país a partir de 2020.
Sosa reconoció que además de las instalaciones que solicitaron el suministro legal de energía eléctrica se detectaron «conexiones irregulares», en su mayoría de procedencia china.
«Es decir, desde China -insistió el funcionario- vinieron masivamente a Paraguay a instalarse, a partir del año 2020».
En ese sentido, destacó que se ha puesto en marcha una «campaña muy fuerte» para combatir las conexiones irregulares, que han permitido 78 intervenciones por parte del Ministerio Público, la Policía y, en algunos casos, de las Fuerzas Armadas.
Entre los resultados de esa estrategia, destacó la incautación de más de 10.000 procesadores de datos para la generación de criptomonedas, 52 transformadores de distribución, así como dos personas condenadas y 11 personas imputadas.
No obstante, lamentó que «ninguna persona responsable de esta actividad ilícita hoy en día está en la cárcel».
En mayo pasado, Sosa reveló que el costo de la energía no facturada por una conexión ilegal asciende mensualmente a unos 700 millones de guaraníes (unos 92.600 dólares actuales).
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