Padre de Juan Pablo Pernalete denunció al gobierno de Maduro ante la ONU
EFE
El padre del joven Juan Pablo Pernalete que murió hace un año por el impacto de un cartucho de una bomba de gas lacrimógeno durante las manifestaciones opositoras al Gobierno de Nicolás Maduro presentó hoy una demanda contra Venezuela ante el Comité de Derechos Humanos de la ONU.
«Hoy se cumple un año del asesinato por un disparo al pecho de mi hijo Juan Pablo Pernalete por parte de un miembro de la Guardia Nacional. En memoria y en tributo, introdujimos hoy ante el Comité de Derechos Humanos de la ONU una denuncia contra el Estado venezolano por ejecución extrajudicial», declaró a Efe en Ginebra José Pernalete, padre de la víctima.
«Específicamente, denunciamos que se ha violado el derecho a la vida, el derecho a manifestarse libremente, el derecho a la reunión. Que nos han sometido a nosotros, a los padres de Juan Pablo, a tratos inhumanos y degradantes al denegarnos la Justicia y al llamar a nuestro hijo delincuente. Y denunciamos que se sometió a mi hijo a una ejecución extrajudicial», agregó.
El Comité de Derechos Humanos de la ONU supervisa el cumplimiento de la Convención Internacional de Derechos Civiles y Políticos por parte de los Estados parte y es competente para examinar quejas individuales contra ellos, siempre que el Estado denunciado haya ratificado el primer protocolo adicional a la Convención.
La entonces fiscal general de Venezuela Luisa Ortega Díaz confirmó el pasado 24 de mayo que la muerte del joven se debió al impacto de un cartucho de gas lacrimógeno lanzado directamente a su pecho, durante una manifestación opositora que tuvo lugar el 26 de abril de 2017 y que aquel fue disparado por un agente de la Guardia Nacional.
El resultado de la investigación desvelado por la ahora extitular del Ministerio Público fue en su día contrario a la versión del Gobierno venezolano, que aseguró que la víctima murió por el impacto de «un arma no convencional» y responsabilizó a los propios opositores del fallecimiento del estudiante.
Precisamente, José Pernalete denunció que, cuando Ortega fue destituida, las autoridades que la sustituyeron al frente del Ministerio Público no prosiguieron con la investigación del caso de su hijo.
«Cuando las nuevas autoridades asumieron, el caso de nuestro hijo fue encajonado, se nos negaba la información, el caso fue prácticamente cerrado, denegándonos la Justicia y la individualización de quién disparó el cartucho», denunció.
Reiteró que la versión que expuso Ortega fue negada por otras autoridades venezolanas, a pesar de que toda la información avalaba su versión.
«Los vídeos, la parte balística, la parte forense, testigos, todos los elementos de convicción, técnicos, que determinaron que fue un guardia nacional que asesinó a nuestro hijo lo prueban, ellos no tienen cómo denegarlo y, en cambio, salieron a denegarnos la Justicia», recalcó.
Por ello, Pernalete denunció ante el Tribunal Supremo de Justicia a «varios» funcionarios venezolanos «por haber hecho declaraciones públicas con el objetivo de crear una matriz de opinión completamente falsa y sesgada con la intención de desvirtuar los hechos y la investigación del Ministerio Público».
Tras presentar la denuncia ante el Comité, se reunió con la alta comisionada adjunta para los derechos humanos, Kate Guilmore, quien se mostró «receptiva», según José Pernalete, y le dijo que la Oficina seguiría observando la situación sobre su caso en particular y sobre Venezuela en general.
