OVP: Las mujeres en prisión son ignoradas por el Estado
Nota de Prensa
El Observatorio Venezolano de Prisiones (OVP) realizó un foro denominado Mujeres en prisión: Mirada desde Venezuela, donde una vez más se visibilizó la realidad de las mujeres privadas de libertad en Venezuela y América Latina.
María Corina Muskus Toro, consultora en género y Derechos Humanos, indicó que, aunque han tratado de darle una atención diferente a las mujeres privadas de libertad, no se han generado políticas carcelarias con una perspectiva de género, por lo que en consecuencia se invisibiliza y discrimina a ese sector de la población reclusa.
Además, Muskus señaló que efectivamente existen varios tratados internacionales, pero que habría que hacer enfoque en las Reglas Mínimas para el Tratamiento de los Reclusos (Reglas Mandela), que no tienen un apartado especial para mujeres pero que incluyen principios básicos para su debida atención.
De igual manera, mencionó las Reglas de Bangkok, las cuales son una guía para los operadores de justicia como legisladores o jueces que tienen un enfoque diferente al momento de enfrentar al sistema penal.
Muskus añadió que, según cifras del 2017, a nivel mundial hay 800 mujeres y niñas privadas de libertad, lo que representa el 7% de la población reclusa; mientras que en América Latina representa el 8,4% porque las políticas implementadas son diferentes y genera que exista un incremento en su detención.
En ese sentido, resaltó que una comparación desde el año 2000 al 2017 develó que las detenciones de mujeres han aumentado en un 53% y la de los hombres un 20%
La consultora explicó que el perfil de las mujeres que están detenidas son madres solteras, responsables del cuidado de su hogar, quienes provienen de un nivel socioeconómico y educativo bajo, de contexto de pobreza y además tienen antecedentes como víctimas de violencia.
En cuanto a las prisiones, aseguró que están diseñadas arquitectónicamente para hombres, tanto así que no existen espacios adecuados para su estadía, higiene o atención, es por ello que las mujeres son más propensas a ser víctimas de violencia sexual.
“Productos básicos como una toalla sanitaria se pueden convertir en un instrumento de manipulación, pueden llegar hasta pagar con sexo por ello o por algún beneficio”, expresó María Corina.
Todas estas situaciones traen consecuencias drásticas como es el rechazo social, la separación de sus hijos, la deserción escolar. “Cuando una mujer es privada de su libertad no solo genera consecuencia en ellas sino en toda su familia”, puntualizó Muskus.
Por su parte, Carolina Jiménez, directora de Investigación de Amnistía Internacional para las Américas, habló sobre la crisis de DDHH en Venezuela. En ese sentido, manifestó que en el país no se violan algunos derechos y se garantizan otros, sino que la violación de los derechos humanos es masiva y sistemática.
Jiménez explicó que Venezuela pasó de ser un país que recibía migrantes y hoy en día se ha vuelto el país con la mayor cantidad de refugiados a consecuencia de la violación reiterativa de derechos humanos.
En reiteradas oportunidades se han denunciado violaciones de derechos civiles y políticos que se manifiestan en la violencia del propio Estado, la violencia que ejerce el Gobierno contra sus ciudadanos. “Es difícil hablar de datos en un país donde la política de opacidad es la implementada por el Gobierno en políticas de comunicación. Las cifras son importantes para entender la realidad de un país, pero la sociedad civil es quien ha llenado esos vacíos porque el Gobierno no aporta datos”, destacó la directora de Investigación de Amnistía Internacional para las Américas.
Asimismo aseguró que la violencia del Estado “no son casos aislados, son patrones sistemáticos que podrían ser crímenes de lesa humanidad. Para nadie es secreto que se vive una emergencia humanitaria compleja, los datos más graves son los de alimentación, en febrero de este año, antes de la pandemia del Covid-19, los estudios realizados en Venezuela señalaban que 1 de cada 3 personas vive en inseguridad alimentaria. Es una situación grave”.
También enfatizó que toda crisis de derechos humanos debe ser analizada con enfoque de género y el impacto de la crisis sobre las mujeres es invisibilizado por las pocas políticas públicas, considerando que las cárceles venezolanas no están ajenas a la realidad del país.
“Dentro de las cárceles se vive con agravantes muy preocupantes porque tienen un 117% de hacinamiento y con esta cantidad de población no pueden mantener distancia, lavarse las manos y mantener la higiene si no hay agua. No podemos pensar que las crisis de derechos humanos son ajenas al género, todo lo contrario”, sentenció Jiménez
Beatriz Vento, coordinadora de OVP Lara, comenzó su intervención asegurando que la situación carcelaria en Venezuela no reinserta ni dignifica al privado de libertad por la falta de políticas públicas, así como también agregó que cuando una mujer cae en prisión no solamente es aislada, sino que es oprimida y arrastra a sus hijos, padres, pareja y toda su familia.
Según los datos del OVP, para el año 2019 solo el 6% de la población reclusa son mujeres, lo que equivale a 2.526 mujeres privadas de libertad y la capacidad instalada es de 2.154, presentando un hacinamiento crítico.
En Venezuela solo existen tres espacios destinados para mujeres que representan el 48% de ocupación. Se trata el Instituto Nacional de Orientación Femenina (INOF), la única cárcel para mujeres en el territorio nacional, que alberga a 677 presas y su capacidad es de 350; el anexo femenino María del Carmen Ramírez, ubicado en la región andina, que tiene una población de 289 mujeres y la capacidad es de 100; y el anexo femenino del Internado Judicial de Carabobo, tiene una población de 234 presas y una capacidad de 100.
Solo estos espacios tienen una sobrepoblación de 100% con riesgo crítico. En tanto, Vento recalcó que en Venezuela hay 17 anexos femeninos en cárceles construidas para hombres y los espacios que fueron adaptados por las mujeres no cumplen con las medidas mínimas para su reclusión.
“Las mujeres privadas de libertad antes de su ingreso a prisión son más vulnerables que los hombres, ya que en su mayoría son pilotos en su hogar, tienen responsabilidades económicas con sus padres de tercera edad, algún grupo familiar e hijos y está situación es muy diferente a la de los hombres. La necesidad es un factor fundamental que lleva a la mujer a delinquir”, añadió la coordinadora del OVP en Lara.
Asimismo indicó que resulta necesaria una capacitación a los funcionarios de custodia con perspectivas de género. “Para que las mujeres puedan tener una reinserción, es necesario tener contacto con su familia y detrás de cada cifra hay una historia”, finalizó Vento.
En otro orden de ideas, Carolina Girón, directora del Observatorio Venezolano de Prisiones, indicó que el hacinamiento en las cárceles venezolanas es crítico, la capacidad instalada en el sistema penitenciario es para 26.238 entre hombres y mujeres, y para el 2019 el OVP manejaba una cifra de 43.992 presos, incluyendo las mujeres.
Girón también señaló que el país no existen infraestructuras para las mujeres y los espacios que existen no cumplen con los estándares internacionales.
Informó que en Venezuela solo existe una cárcel de mujeres que es el INOF y es la única que tenía es sus instalaciones todo lo necesario para la reclusión de mujeres como eran espacios de trabajo, de estudio y hasta de lactancia y pernocta de los niños dentro del penal.
La directora de OVP detalló que en el INOF existe una sobrepoblación que hace imposible mantener un distanciamiento social y que además ha hecho que los niños pasen a vivir dentro de las celdas con sus madres.
Los niños están expuestos al consumo de drogas del resto de población, de enfermedades como la tuberculosis y toda la situación que rodea a las privadas de libertad
“La opacidad en cifras e información por parte del Estado ha hecho más difícil que la información sea visibilizada y, en el caso de las mujeres, son más fáciles de coaccionar y amedrentar, pues son castigadas si denuncian o protestan”, finalizó la directora de OVP.
