OVP: Familiares de presos temen que aumenten las muertes en la cárcel 26 de Julio
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Un grupo de familiares de privados de libertad que sobreviven en la cárcel 26 de Julio, ubicada en el estado Guárico, denunciaron que buena parte de la población penal sufre de un sinfín de enfermedades, pero no existen canales de comunicación para conocer de manera fidedigna cuál es su estado de salud.
En ese sentido, denunciaron ante el Observatorio Venezolano de Prisiones (OVP) que algunos de los reclusos se han comunicado con sus familiares para informarles que están enfermos con fiebre alta y tos. Como se recordará, esta organización hace poco tiempo denunció un brote de tuberculosis dentro de este recinto penitenciario, por lo que los denunciantes temen que el número de infectados y la tasa de mortalidad continúe en ascenso.
“Nos trasladamos hasta el penal para conocer la situación de los internos y no nos dan noticias, ni siquiera nos permiten pasar medicamentos porque no saben qué es lo que tienen. La única respuesta que recibimos es que hay entre 47 y 48 privados de libertad en las mismas condiciones y que no han trasladado a ninguno porque no hay autobuses y mucho menos ambulancias, por el contrario nos piden que alquilemos un vehículo para llevarlos hasta el hospital”, denunció uno de los familiares.
Sin alimentos
“Al igual que todos los recintos del territorio nacional, los presos de 26 de Julio tampoco reciben alimentación adecuada. Sus familiares aseguran que solo reciben almuerzo y cena, en los que les suministran aproximadamente 250 gramos de arroz sin proteínas o chicha”, señaló la directora del OVP, Carolina Girón, tras atender las denuncias de los preocupados familiares.
La abogada y defensora de derechos humanos rechazó el trato cruel e inhumano contra esta parte de la población penitenciaria en Venezuela, compuesta por al menos 1400 internos, al mismo tiempo que exigió el suministro regular de alimentación balanceada y atención médica durante las 24 horas del día.
Por último, exhortó a la Defensoría del Pueblo y al Ministerio Público para efectúen una investigación exhaustiva y veraz sobre las denuncias presentadas por los familiares, quienes también son víctimas del colapso del sistema penitenciario en Venezuela.
