Organizaciones y líderes religiosos rechazan ley migratoria de Florida

Varias organizaciones de inmigrantes y líderes religiosos rechazaron este viernes una dura ley migratoria de Florida (EEUU) que, según sus críticos, «deshumaniza» a los indocumentados y perjudica a la economía local y que será firmada próximamente por el gobernador del estado, el republicano Ron DeSantis.

«Los que están haciendo reglas en Tallahassee (capital estatal) han perdido las lecciones importantes de la historia muy reciente. Uno solo necesita ver a los campos agrícolas de Georgia, Alabama, y Arizona en 2010 y 2011, llenos de duraznos, chiles, y sandías podridos, para ver el impacto desastroso de leyes antiinmigración en la fuerza laboral y también el turismo», dijo a EFE este viernes Ty Joplin, portavoz de la Coalición de Trabajadores de Immokalee (CIW).

Florida, un estado donde cerca del 20 % de la población es inmigrante, contará a partir del 1 de julio con la ley SB 1718, ya aprobada por el Congreso estatal y en espera de la firma del gobernador.

La nueva legislación endurece los requisitos de empleo, prohíbe que los gobiernos locales contribuyan con organizaciones que crean tarjetas de identificación para inmigrantes indocumentados y prohíbe el uso en Florida de licencias de conducir emitidas a inmigrantes irregulares en otros estados.

Además, según recoge el medio local floridano Pensacola News Journal, deroga una ley de 2014 que permitía que inmigrantes indocumentados fueran admitidos para ejercer la abogacía en el estado sureño.

En resumen, la nueva normativa requiere que las empresas con más de 25 empleados usen a la hora de contratar trabajadores el programa E-verify para determinar su estatus migratorio y establece multas para los infractores.

Igualmente obliga a los hospitales que aceptan el seguro público Medicaid y a los departamentos de emergencias a recopilar datos sobre el estado migratorio de los pacientes.

Uno de sus aspectos más criticados es el que hace que el transporte de personas al estado de Florida sin un estatus migratorio sea un delito punible con hasta 15 años de prisión.

«La parte del transporte criminaliza a la gente floridiana, incluyendo entrenadores de equipos viajeros, choferes de buses comerciales, chaperones de salidas de escuela, y negocios pequeños que mantienen a nuestra economía frágil, mientras inocentemente están saliendo y entrando de nuevo al estado», precisó el portavoz de CIW, organización de trabajadores agrícolas en Florida.

Juan Flores, presidente de la Fundación 15 de Septiembre, señaló, por su parte, que «la comunidad hondureña radicada en el estado de la Florida ha entrado en pánico, al igual que otras comunidades migrantes».

«Entendemos muy bien que es una agenda política la del gobernador (DeSantis). Está utilizando a la comunidad de migrantes y tratando de copiar la retórica del expresidente (Donald) Trump al decir que será mano dura con la migración irregular», añadió a EFE Flores desde el condado de Broward (sureste de Florida), donde radica la fundación de hondureños.

El activista centroamericano exhortó a los más de 240.000 hondureños radicados en Florida, el 70 % de ellos indocumentados, según dijo, «a que no entren en pánico, ya que esta ley es inconstitucional y será demandada».

El colectivo Evangelicos for Justice ha enviado, además, una carta al gobernador con más de 1.000 firmas de los líderes latinos evangélicos más influyentes de Florida en la que denuncian que la comunidad inmigrante de este estado «enfrenta un ataque sin precedentes a nuestra capacidad para vivir, trabajar y cuidar de nuestras familias».

Según un comunicado emitido hoy, esta carta cuenta con el apoyo de Florida Fellowship of Hispanic Councils and Evangelical Institutions (FRACEEV), una coalición de obispos y pastores latinos evangélicos que representan aproximadamente a 2.500 iglesias en todo el estado.