Organizaciones católicas exigen justicia por muerte de Salvador Franco

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A través de un comunicado, la Conferencia Episcopal Venezolana junto a diversas organizaciones y agrupaciones cristianas se pronunciaron en torno a la muerte del indígena Pemón Salvador Franco, quién se encontraba privado de libertad en el Internado Judicial Rodeo II tras ser acusado de asalto a una instalación militar en el estado Bolívar.

Aseguran que la muerte de Franco se produjo «después de un largo período de agonía, en el cual los funcionarios responsables le negaron el acceso a la salud».

«Salvador, junto a 12 compañeros de su etnia, fue detenido arbitrariamente y sin el debido proceso, por la Fuerza Pública en diciembre de 2019. Los abogados del Foro Penal y Amnistía Internacional, han indicado que los indígenas, “una vez detenidos”, fueron sometidos a cincuenta (50) días de incomunicación y aislamiento. De igual modo, han denunciado torturas y malos tratos a lo largo del proceso», reza el documento.

Asimismo, aseguran que con estos hechos, el Estado Venezolano, ha violado el artículo 11 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos donde se establece: “Toda persona acusada de delito tiene derecho a que se presuma su inocencia mientras no se pruebe su culpabilidad, conforme a la ley y en juicio público en el que se hayan asegurado todas las garantías necesarias para su defensa”. Así como, también, se ha violado el artículo 5 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos y el artículo 7 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, que señalan que “nadie será sometido a tortura ni a tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes”.

En ese sentido hacen una serie de exigencias al Estado Venezolano, entre ellas, que se juzgue a los responsables y que se agilice el juicio correspondiente garantizando a los 12 indígenas que permanecen detenidos. Además solicitan que se les realice un chequeo médico para constatar su estado de salud y poder dar la asistencia médica adecuada y oportuna.

Resaltan la importancia de que que se realice una investigación exhaustiva y objetiva que lleve a determinar quiénes son los auténticos responsables de los hechos acaecidos en diciembre de 2019.

Lea aquí el Comunicado Completo