Ordenan prisión preventiva para asambleísta en medio de protestas en Ecuador
EFE
Un juez ordenó este miércoles la prisión preventiva contra un asambleísta, afín al exgobernante Rafael Correa, por su presunta participación en el delito de paralización de un servicio público durante las protestas sociales contra el Gobierno por la elevación del coste de los combustibles.
En un comunicado, la Fiscalía General del Estado informó de que su titular, Diana Salazar, formuló cargos «en contra del asambleísta Yofre P., el prefecto de Sucumbíos, Amado Ch., y siete personas más».
El juez nacional David Jacho, al finalizar la audiencia, dictó prisión preventiva para todos los procesados, además de la retención de cuentas bancarias y prohibición de enajenar bienes.
Estas personas fueron detenidas el pasado lunes cuando supuestamente entraron de forma violenta en las instalaciones de la empresa pública Petroecuador, en la provincia de Sucumbíos, fronteriza con Colombia.
«Los procesados habrían entrado a la sala de control de operaciones destruyendo las puertas del edificio y con la amenaza inminente de atentar en contra de la integridad de los equipos de bombeo del Sistema de Oleoducto Transecuatoriano (SOTE), así como de los operadores de Petroecuador», señala el escrito.
Según la Fiscalía, el SOTE se habría detenido durante dos horas y diecinueve minutos. Esto implica la paralización de un servicio público del área estratégica, conforme lo determina la Constitución de Ecuador, «ocasionando un perjuicio económico al Estado de 1.723.918,72 dólares».
Entre los elementos de convicción presentados consta un informe que indica que durante la paralización no se bombearon 31.286 barriles de crudo.
Los otros procesados son José G., director de Comunicación del Gobierno Provincial de Sucumbíos; Jenny R., presidenta de la Asociación de Empleados Públicos de Sucumbíos; el concejal Víctor B. y el dirigente Roberto P., además de otros tres ciudadanos, identificados como Steven T., Gonzalo V. y Carlos Ch.
Según la Fiscalía, la audiencia de juzgamiento será el próximo 18 de octubre.
El delito de paralización de un servicio público está tipificado en el artículo 346 del Código Orgánico Integral Penal (COIP) y es sancionado con pena privativa de libertad de uno a tres años.
El presidente de Ecuador, Lenín Moreno, que ha acusado a su antecesor, Rafael Correa, de estar tras supuestos intentos de desestabilización, emitió el martes un decreto con el que restringió la libertad de tránsito y movimiento en determinado horario y en áreas aledañas a sedes institucionales e instalaciones estratégicas.
El decreto 888 estipula la restricción de circular en horario de 20.00 a 5.00, de lunes a domingo, «en áreas aledañas a edificaciones e instalaciones estratégicas tales como edificios donde funcionan las sedes de las funciones del Estado».
También se enmarcan en esta disposición otros lugares que establezca el Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, en tanto dure el estado de excepción, que quedó limitado a un plazo de 30 días desde su emisión el pasado jueves, según dictaminó el martes la Corte Constitucional.
Quedan eximidos de esta limitación las personas y funcionarios que deban prestar un servicio público o de otra índole como policías, militares, comunicadores sociales acreditados, personal de misiones diplomáticas acreditadas en el país y personal médico, sanitario o de socorro, así como el transporte público administrado por entidades estatales o de servicios de emergencia.
La orden se emitió el día en que manifestantes indígenas ocuparon de forma momentánea la sede del Parlamento ecuatoriano y un día después de que un grupo de asaltantes irrumpiera en la sede de la Contraloría General del Estado en Quito donde provocaron destrozos.
Este miércoles, se desarrolla una huelga general en la que miles de indígenas que llegaron en las últimas horas a Quito se unirán a los sindicatos y otros grupos sociales que rechazan el alza del coste de los combustibles.
Los disturbios y protestas en diferentes puntos del país se suceden desde el pasado jueves a raíz de la eliminación de los subsidios a los carburantes, conforme a un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional.
