Ordenan prisión preventiva de panameños y costarricense por tráfico de migrantes
EFE
Una juez de Garantías de Panamá ordenó la detención preventiva a dos panameños y un costarricense, y a un cuarto nacional le impuso arresto domiciliario, por el delito de tráfico ilícito de migrante en perjuicio de varios ecuatorianos, entre ellos menores de edad, informó hoy el Órgano Judicial (OJ).
La juez de Garantías, Coris Medina, en audiencia celebrada este miércoles, basó su decisión en que existe riesgo procesal pues uno de los imputados traspasó la frontera y salió del país.
Además, según Medina, hay dos sujetos sin aprehender y existen entrevistas a las víctimas ecuatorianas, quienes pagaron 400 dólares cada uno para el traslado desde Panamá a Costa Rica.
En cuanto al panameño al que se le otorgó arresto domiciliario, la juez explicó que fue por su estado de salud.
Igualmente, concedió plazo de 6 meses al Ministerio Público (MP), representado por el fiscal Jairo Samaniego, para la investigación.
Antes de tomar esta decisión, la juez de Garantías dio por legalizada la aprehensión y formulación de cargos.
La imputación por el delito contra la humanidad en la modalidad de tráfico ilícito de migrantes agravado fue realizada en base a la Ley penal que establece penas de 20 a 30 años de prisión por ser un falta agravada y debido al hecho de que también hay menores de edad, según el fallo.
Además, añade que se tomaron en cuenta seguimientos de vigilancia con otros Estados y la vulnerabilidad de los migrantes, tal como lo señalan las 100 Reglas de Brasilia.
Las Reglas de Acceso a la Justicia de las Personas en Condición de Vulnerabilidad fueron aprobadas durante la XIV Cumbre Judicial Iberoamericana celebrada en Brasilia del 4 al 6 de marzo de 2008.
De acuerdo con lo que detalló el Ministerio Público (MP) durante la audiencia, el modo operativo de este ilícito consistía en la llegada a la ciudad caribeña de Colón -80 kilómetros al norte de la capital- de turistas ecuatorianos en un crucero para ser recogidos y trasladados hacia Costa Rica y de allí a Estados Unidos.
La investigación comenzó a mediados de marzo pasado, cuando las fiscalías de Colombia y Costa Rica informaron a Panamá que aproximadamente unos 90 ecuatorianos, entre ellos varios menores de edad, llegarían al país en pequeños grupos con un comportamiento y modo de operación similar.
