Oposición se manifiesta por una «Navidad sin presos políticos» en Nicaragua
EFE
Representantes nacionales de la opositora Unidad Nacional Azul y Blanco se concentraron este jueves en un solo bloque por una «Navidad sin presos políticos» en Nicaragua, en una actividad que fue asediada por la Policía, que prohíbe reclamos al Gobierno del presidente Daniel Ortega.
Decenas de integrantes de la Unidad, la organización opositora más extensa de Nicaragua, se reunieron en el patio de un hotel de Managua, para enviar desde ahí un mensaje a las personas capturadas por protestar contra Ortega, en medio de la profunda crisis sociopolítica que vive el país desde abril de 2018.
«A 20 meses de la rebelión cívica hemos decidido hacer este encuentro nacional para dedicarlo a más de 160 presos políticos, que actualmente están sufriendo en las mazmorras del régimen, no descansaremos hasta que cada uno sea liberado (…)», dijo la dirigente de la Unidad, Violeta Granera.
La opositora afirmó que el mejor escenario para hacer el reclamo son las calles, pero recordó que expresarse en público contra Ortega es lo que ha llevado a muchos a la cárcel, y a cientos al cementerio.
La líder opositora Miriam del Socorro Matus, conocida como la «abuela vandálica», dijo a las madres de los «presos políticos» que «en Navidad me duele el corazón de saber que no van a tener a sus hijos presentes, que a veces no saben ni dónde están».
Datos del Equipo de Monitoreo Azul y Blanco indican que miles de personas han pasado por durante horas o meses en las cárceles de Nicaragua, por rechazar a Ortega, y casi en su totalidad han denunciado haber sufrido distintos tipos de torturas, desde golpes, hasta violaciones sexuales.
Desde que el Gobierno accedió a excarcelar a unos 620 «presos políticos» a mediados del año, la cantidad de personas capturadas por policías o paramilitares ha ido en aumento, especialmente en el campo.
Esta misma mañana el Equipo de Monitoreo informó de al menos dos nuevas detenciones y tres allanamientos de casas, sin que se sepa el paradero de los opositores buscados en sus viviendas.
El líder opositor Félix Maradiaga afirmó que la unidad «apuesta por la desobediencia civil, que también incluya el paro nacional».
El paro nacional es un reclamo general de los nicaragüenses opositores a la empresa privada, que recrudeció luego de que una acción similar fue determinante para que Evo Morales renunciara a la presidencia de Bolivia, en noviembre pasado.
Según los opositores, un paro nacional hundiría al Gobierno de Ortega porque lo dejaría sin país al cual gobernar, ni dinero para financiar a los paramilitares. No obstante, los empresarios muestran sus reservas con la idea.
A pesar de la polémica por un nuevo paro nacional, el sector privado ya ha se ha paralizado en cinco ocasiones desde abril de 2018, cuatro por medio de un paros promovido por los empresarios y uno que consistió en una huelga de consumo, que produjo los mismos efectos que un cese de actividades.
Al menos 328 personas han muerto en el marco de la crisis, según la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y la oficina de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (Acnudh), que responsabilizan al Gobierno de Nicaragua por la violencia.
Organismos locales cuentan hasta 651 víctimas en poco más de un año y medio, mientras que Ortega acepta 200, y explica que se defiende de un «golpe de Estado fallido».
El Consejo Permanente de la Organización de los Estados Americanos (OEA) ha advertido que el Gobierno de Ortega, que domina todos los Poderes del Estado, ha roto el orden constitucional en Nicaragua.
Cerca de 15 familiares, allegados y empresas de Ortega han recibido sanciones económicas internacionales por violaciones a los derechos humanos, corrupción, y otros delitos.
