Oposición nicaragüense convoca a paro nacional para el #23May por la «libertad de todos»

«Si te querés solidarizar con el dolor, contribuir con parar el sufrimiento, cerrá la puerta de tu casa, no salgás, no asistás al trabajo, no vayas al colegio, no abrás tu negocio (…) la acción en este caso es la inacción, para que no haya más abuso, más muertos», dijo este miércoles el integrante de la convocante Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia, Juan Sebastián Chamorro.

El paro ha sido programado entre las 00.00 horas (06.00 GMT) y las 23.59 (05.59 del viernes GMT) mañana jueves por la Alianza, que abandonó el lunes pasado unas negociaciones con el Gobierno alegando que este no ha cumplido el compromiso adquirido de liberar a centenares de manifestantes antigubernamentales que considera «presos políticos».

El presidente del Consejo Superior de la Empresa Privada (Cosep), José Adán Aguerri, advirtió que el de mañana será un paro distinto a los cuatro anteriores, ya que la economía está más golpeada que en 2018 y posiblemente no todos los negocios se sumarán aún cuando apoyen la protesta.

El paro del jueves será «un mensaje moral y ético», declaró el presidente de la Cosep, que es la principal cúpula empresarial de Nicaragua, un país cuya economía cayó un 3,8 % del producto interno bruto (PIB) en el 2018 arrastrada por la crisis sociopolítica.

Aguerri denunció que el Gobierno ha lanzado «amenazas al sistema bancario (…) al sector comercial, del mercado, con quitar licencias si cierran», y dijo que los empresarios que apoyan la protesta están claros de que «estas amenazas van a producir algún tipo de consecuencias».

En un mensaje leído por Chamorro, la Alianza definió el nuevo paro como una protesta cívica «por la libertad de todos los ‘presos políticos’, pero en un sentido más amplio por la libertad de todos los nicaragüenses que sufrimos esta cárcel dictatorial».

La Alianza invitó a que las personas se sumen al paro «si nos importan los presos (políticos), si nos preocupa que los asesinen, si nos molesta que los golpeen, si nos indigna que las madres de los presos sean humilladas».

El miembro de la Alianza Carlos Tünnermann, uno de los personajes más respetados de Nicaragua, llamó a los nacionales a sumarse a la medida, ya que «es una de las maneras cívicas y pacíficas que tienen los pueblos de protestar cuando están siendo acosados», y agregó que si el Gobierno «no permite llenar las calles, lo que podemos hacer es vaciarlas».

El llamado a paro fue motivado por la muerte del «preso político» de doble nacionalidad nicaragüense-estadounidense, Eddy Montes Praslín, de 57 años, quien recibió un disparo en la cárcel «La Modelo» en circunstancias no claras que involucran al menos a un custodio.

En marzo pasado el Gobierno de Ortega se comprometió, en las negociaciones con la Alianza que comenzaron el 27 de febrero y quedaron suspendidas el 3 de abril, con liberar por completo a todos los 809 presos políticos de la lista de los opositores, promesa que reiteró este miércoles, aunque hasta ahora no ha cumplido.

El Gobierno, que reconoce 468 manifestantes presos a los que llama «terroristas» o «golpistas», ha excarcelado hasta este momento a 336, quienes han sido enviados a sus casas bajo diferentes regímenes carcelarios en medio de presiones de la oposición y de la comunidad internacional.

El paro anunciado para este jueves será el quinto contra Ortega desde que se inició la crisis en abril de 2018.

El primero fue el 14 de junio pasado para obligar al Gobierno a permitir la presencia de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), y el segundo se desarrolló el 13 de julio para mostrar rechazo a la celebración anual sandinista conocida como «El repliegue»

El tercero fue el 7 de septiembre para presionar por la libertad de los «presos políticos», y el cuarto ocurrió el 20 diciembre para exigir la salida del Gobierno de Ortega y de su esposa, la vicepresidenta Rosario Murillo.

La crisis sociopolítica que vive Nicaragua desde abril de 2018 ha dejado unos 325 muertos, según la CIDH, aunque grupos locales elevan la cifra a 593, y el Gobierno reconoce 199. ACAN-EFE