Oposición argentina dice que no prosperará el juicio político contra Supremo - 800Noticias
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EFE

La principal coalición opositora de Argentina, Juntos por el Cambio, rechazó este lunes el juicio político a la Corte Suprema que impulsa el Ejecutivo y avisó a los dirigentes del oficialismo que no «podrán» avanzar en este «nuevo ataque» a los otros poderes del Estado.

En un comunicado, la coalición a la que pertenece el expresidente Mauricio Macri (2015-2019) indicó que «la trasnochada pretensión» del presidente argentino, Alberto Fernández, y los seguidores de la vicepresidenta, Cristina Fernández, de pedir juicio político al presidente de la Corte Suprema, Horacio Rosatti, «es un nuevo ataque que pretende amedrentar y socavar a los poderes del Estado».

Por lo que advirtió que «así como no pudieron con la reforma judicial, (de) la procuración general y la ampliación de la Corte a 25 miembros, esta vez, tampoco podrán».

El presidente argentino, Alberto Fernández, anunció el primer día del año que impulsará el juicio político al presidente del Supremo y requerirá que se investigue la conducta de los restantes miembros del máximo tribunal de Justicia.

El juicio político requiere de la intervención de la Cámara de Diputados y de Senadores con mayorías especiales de dos tercios de sus miembros, con las que no cuentan ni el oficialismo ni la oposición.

Pero se trata de un capítulo más de la tensión política entre el Ejecutivo y la Corte Suprema de Justicia.

Para Juntos por el Cambio, «estas maniobras desesperadas contra la Justicia evidencian una vez más que el único objetivo de este Gobierno es la búsqueda de impunidad», y que «el único objetivo que los desvela un 1 de enero es tener una Justicia sometida».

«No hay empatía con lo que están sufriendo los argentinos, solo se preocupan por ellos y sus causas judiciales», sentenció la coalición opositora.

Las diferencias entre el Ejecutivo y el Supremo comprenden las decisiones relativas a la composición del Consejo de la Magistratura -el órgano que nombra, sanciona y remueve jueces-, en un contexto en que Cristina Fernández enfrenta varias causas en la Justicia por hechos ocurridos durante su mandato entre 2007 y 2015.

La tensión política escaló hasta generar un conflicto institucional cuando Alberto Fernández amenazó con rechazar el fallo del Supremo que ordenó al Estado restituir al Gobierno de la ciudad de Buenos Aires -gobernada por Juntos por el Cambio- fondos de la coparticipación federal que habían sido quitados en 2020 para destinarlos a la provincia de Buenos Aires -gobernada por el oficialismo-.

El conflicto entre el Gobierno nacional y el de la ciudad, que incluye la filtración de las supuestas conversaciones comprometedoras de un funcionario capitalino, ocurren al inicio de un año en que se celebrarán los comicios presidenciales.

«Juntos por el Cambio está trabajando en un proyecto de país serio, democrático, con instituciones fuertes, porque es la única forma de sacar la Argentina adelante en tiempos de deriva autoritaria de un Gobierno decadente», señaló el grupo opositor. EFE

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