Opinión | Traición a la patria, por Fernando Ochoa Antich

Por Fernando Ochoa Antich

El 24 de junio de este año titulé un artículo con el  mismo nombre del que hoy escribo para referirme a las negociaciones que el régimen bolivariano ha mantenido con el gobierno guyanés, derivadas del Acuerdo de Ginebra, y la inexplicable e inexcusable conducta asumida por Hugo Chávez y Nicolás Maduro, la cual nos condujo a un estado de tal debilidad internacional que ha puesto en peligro la justa reivindicación territorial a la cual tenemos derechos irrenunciables.

Allí señalé, con firmeza, que esa conducta debía de calificarse como delito de traición a la patria y no a su profusa utilización que se le ha dado para tipificar  como grave cualquier expresión de un ciudadano, en particular si es militar, de inconformidad contra el régimen madurista. En este caso voy a referirme a algunos delicados aspectos de las palabras pronunciadas por Nicolás Maduro, en cadena nacional, en la cual anunciaba el nuevo plan económico.

No soy economista para opinar, con propiedad, sobre tan complejo tema. Solo lo haré de manera tangencial en los aspectos técnicos, pero concentraré mis observaciones en consideraciones políticas que definitivamente comprometen el destino de Venezuela. Los rumores sociales indican que Nicolás Maduro despidió, sin pena ni gloria, al economista español Alfredo Serrano Mancilla, su asesor económico por varios años y causante del absurdo proceso hiperinflacionario que enfrenta nuestro pueblo.

Esa decisión parece acertada, pero no es posible que se trate de disminuir la grave responsabilidad que tiene Nicolás Maduro en la tragedia venezolana. No es verdad que el proceso hiperinflacionario se origina por una supuesta guerra económica, acompañada por el impacto que pueden tener las medidas económicas tomadas por Estados Unidos y la Unidad Europea para sancionar las permanentes violaciones del Estado de Derecho cometidas por el régimen madurista.

El origen de la hiperinflación ha sido estudiado por reconocidos economistas venezolanos que han mantenido que su verdadera causa es la permanente emisión de dinero inorgánico. Esa medida se ha venido tomando, irresponsablemente, en Venezuela ante la necesidad política que tuvo el régimen madurista de superar la derrota electoral sufrida en las elecciones parlamentarias del año 2015. A partir de ese día, se diseñó una estrategia política que buscaba destruir la unidad de la oposición y fortalecer el sector social que apoya al régimen.

Esa estrategia tuvo éxito al lograr debilitar a la oposición, hasta tal punto que el régimen madurista pudo ganar las elecciones regionales y presidenciales, en medio de un permanente irrespeto a las normas electorales, con un mínimo de votos de sus seguidores. El fracaso de la estrategia se materializó al hacerse incontrolable la hiperinflación y empezar a surgir permanentes protestas en los sectores populares, incluyendo a numerosos militantes del oficialismo.

Esta realidad ha obligado a Nicolás Maduro a rectificar, pero tratando de mil maneras engañar a nuestro pueblo, en su objetivo de disminuir el impacto político que, de manera obligatoria, va a producir “el paquetazo neoliberal” que aspiran imponer. Un equipo de economistas chinos son sus nuevos asesores. Justamente, en 1979, bajo la dirección de Deng Xiaoping, secretario general del Partido Comunista y primer ministro, se inició un cambio radical en la política económica que condujo a abandonar las orientaciones de Mao Tse-tung, las cuales habían significado la muerte de millones de personas por una combinación de dura represión político-militar y hambrunas severas y recurrentes debido al fracaso estruendoso en la producción de alimentos. Deng Xiaoping estableció una estrategia que daba prioridad a un mercado libre, reconocía la propiedad privada de los medios de producción y favorecía la inversión extranjera.

En definitiva, Nicolás Maduro lo que aspira es a lograr imponer un capitalismo autocrático, que le permita superar la inmensa crisis social y económica que enfrenta Venezuela, y, al mismo tiempo, mantenerse en el poder, limitando ampliamente los valores más trascendentes de la democracia representativa: la independencia de los poderes públicos, la libertad de expresión, el respeto de los derechos humanos, el apoliticismo de la Fuerza Armada Nacional, pero preservando como una máscara las elecciones populares para obtener, de esa manera, cierta legitimidad internacional.

La campaña de propaganda del régimen busca convencer a los venezolanos de que “el paquetazo” no tendrá un elevado costo personal. La creación de un subsidio, mediante la utilización del carnet de la patria, para compensar el precio internacional del litro de gasolina ha sido la bandera. El número de venezolanos que no tendrán acceso a ese subsidio será inmenso, aún en sectores de limitados ingresos.

Estoy convencido de que esas medidas, que de por sí se observan inconexas y contradictorias, no van a lograr resolver la inmensa crisis que enfrenta Venezuela. No es posible que en este tiempo se piense que el bolívar soberano se va a fortalecer por su anclaje al petro y por transferir al Banco Central el campo Nº 2 de la faja bituminosa del Orinoco.

Creo, aunque no estoy seguro, que el valor del bolívar soberano se cotizará en razón al precio del barril de petróleo venezolano. Pareciera ser que Nicolás Maduro desconoce que el Patrón Oro desapareció hace muchos años y que fue reemplazado por un criterio subjetivo que valora en los países aspectos tales como su capacidad productiva y exportadora, su nivel tecnológico, su estabilidad política y su posición internacional, los cuales se resumen en una sola palabra: confianza.

Es imposible para un gobierno que es desconocido en su legitimidad por la mayoría de los países de América y de Europa atraer una importante inversión extranjera.

Un aspecto que consideré inaceptable en las palabras de Nicolás Maduro fue su señalamiento de la existencia de una mafia, de altos gerentes de Pdvsa, que se habían dedicado a saquearla. En verdad, la mafia existió, pero la verdadera causa de la destrucción de Pdvsa fue el reemplazo que se hizo de la tecnocracia petrolera venezolana por militantes del chavismo y del madurismo, al despedir a más de 20.000 empleados que habían construido la empresa estatal más eficiente del mundo.

La responsabilidad histórica de esa decisión es de Hugo Chávez, pero no es posible desconocer que durante el gobierno de Nicolás Maduro se designó una gerencia totalmente politizada que condujo a Pdvsa a la quiebra. Un buen ejemplo es el caso de Citgo.

La decisión judicial del juez Leonard P. Stark, a favor de Crystallex, coloca en un gran riesgo a Pdvsa porque muchos tenedores de bonos – Venezuela adeuda 150.000 millones de dólares– pueden decidir tratar de controlar sus acciones en dicha empresa. De allí que piense que Nicolás Maduro tiene tal responsabilidad en esos hechos que existen múltiples causas para que, en un futuro cercano, se le enjuicie por el delito de traición a la patria.

fochoaantich@gmail.com.