OPINIÓN| Traición a la patria…Escrito por Fernando Ochoa Antich
Fernando Ochoa Antich
La selección del título de este artículo no se debe a la profusa utilización del delito de traición a la patria que, con extremada ligereza, se le ha dado en estos tiempos de “revolución”, para tipificar como grave cualquier expresión de un ciudadano, en particular si es militar, de inconformidad con los desafueros del régimen madurista. Estoy convencido de que ninguno, de los casi cien militares detenidos este año, ha cometido ese delito, que, por cierto, es muy difícil de probar; ni tampoco el de instigación a la rebelión, intento de motín y acto contra el decoro militar. Lo que en realidad busca el régimen madurista es ahogar esas expresiones de descontento mediante el empleo del terror. La razón del título de este artículo es otra. Deseo referirme a la inexplicable e inexcusable conducta asumida por Hugo Chávez, Nicolás Maduro y todos aquellos sobre quienes ha recaído la responsabilidad de defender la integridad y soberanía de nuestro territorio durante estos dieciocho años de desgobierno.
Voy a referirme a un solo caso en esta oportunidad: las negociaciones con el gobierno guyanés, derivadas de la aplicación del Acuerdo de Ginebra y la conducta, irresponsable y entreguista, asumida por los funcionarios antes mencionados, que nos ha conducido a un estado de precariedad tal que han puesto en peligro la justa reivindicación territorial a la cual tenemos derechos irrenunciables. Esa conducta sí justifica la acusación de traición a la patria. Justamente, uno de sus graves errores fue no tomar en cuenta la importancia que tiene en cualquier negociación internacional el estudio detallado y objetivo de la realidad mundial y regional con el fin de poder determinar con precisión las acciones a tomar, los posibles aliados y adversarios. También es fundamental tener muy claro el objetivo que se espera alcanzar. La política exterior de los gobiernos “bolivarianos” se ha sustentado fundamentalmente en valores ideológicos y compromisos “político-revolucionarios”, desdeñando los verdaderos intereses nacionales.
Esta realidad es lo que explica la absurda alianza del gobierno venezolano con los de Rusia, China, Irán, Cuba, Nicaragua y Bolivia y su permanente hostilidad hacia los gobiernos de Estados Unidos, Canadá, Europa y de los países democráticos de la América Latina. Tal orientación de nuestra política exterior compromete la relación con nuestro principal socio comercial y natural mercado petrolero y pone en grave riesgo la reclamación del territorio Esequibo y la delimitación de las áreas marinas y submarinas en el golfo de Venezuela. Esta absurda política exterior es lo que ha permitido a Guyana radicalizar sus posiciones y explica la decisión de Antonio Guterres, secretario general de la ONU, de poner en manos de la Corte Internacional de Justicia la solución de la ya muy larga controversia entre Venezuela y Guyana. El procedimiento de los buenos oficios, aceptado por los dos gobiernos después del fracaso de las negociaciones bilaterales, tenía cerca de 29 años de aplicación sin encontrar ninguna solución.
El gobierno de Venezuela rechazó recientemente esa decisión del secretario general de la ONU mediante un comunicado en el cual expresó que “recurrir al arreglo judicial para dirimir la controversia resulta inaceptable, estéril e inaplicable, ya que violenta el preámbulo del Acuerdo de Ginebra de 1966, el cual establece, taxativamente, que la controversia debe ser amistosamente resuelta en forma que resulte aceptable para ambas partes. Venezuela ha propuesto al gobierno de Guyana reiniciar los contactos diplomáticos que permitan alcanzar una solución práctica y satisfactoria de la controversia territorial”. Esta posición la debemos respaldar los venezolanos, pero sin olvidar la orientación antipatriótica que ha caracterizado las actuaciones de los gobiernos “bolivarianos”. Una de las posiciones más firmes de Venezuela era el desconocimiento de cualquier concesión que Guyana pretendiera otorgar en el territorio Esequibo. Hugo Chávez renunció a esa posición creyendo que así obtendría el respaldo de los países caribeños para su política expansionista del “socialismo del siglo XXI”.
El embajador Sadio Garavini, diplomático de larga experiencia, mantuvo en unas recientes declaraciones que “Venezuela se ancla en que no hay jurisdicción de la Corte Internacional de Justicia, ya que en su interpretación el Acuerdo de Ginebra establece que solo se puede ir a esa instancia si hay voluntad de ambas partes” y recuerda que varios juristas venezolanos han sostenido una tesis contraria. También señaló que “la actual situación del problema del Esequibo no es solo fruto de la inacción y lentitud de respuesta de nuestra cancillería, sino también de una serie de costosos errores, entre ellos, el silencio que mantuvo, en el año 2014, al no responder el reclamo de Guyana de trasladar la controversia a la Corte Internacional de Justicia, con el argumento de que en 25 años, ahora 29, el procedimiento de los buenos oficios no había dado resultado. Lo lógico hubiese sido responder a dicho planteamiento sugiriendo cualquier otro de los procedimientos de solución pacífica de las controversias establecidos en la Carta de las Naciones Unidas, como, por ejemplo, la mediación”
En verdad, “esos costosos errores” cometidos durante estos dieciocho años, exigirán de una política exterior muy prudente para poder salvaguardar los intereses vitales de Venezuela que han sido puestos en riesgo. Voy a recordar otro caso para que los venezolanos evalúen la responsabilidad que también tiene Nicolás Maduro en estos asuntos: en septiembre de 2013, hizo una visita oficial a Georgetown. Curiosamente, aceptó esa invitación días después de que el ministro del ambiente de ese país había dado una rueda de prensa en San Diego informando que Guyana había entregado una concesión petrolera a la empresa Anadarko en el bloque Roraima, la cual afecta la fachada atlántica de la zona en reclamación y la del estado Delta Amacuro. Durante su visita, en lugar de rechazar el derecho de Guyana a ese espacio marítimo, guardó un sorprendente silencio, el cual pudo haber producido un stoppel de aquiescencia favorable a Guyana y contrario a nuestros intereses nacionales.
No satisfecho con esta muestra de absoluta debilidad, en la rueda de prensa que ofreció después de la lectura del comunicado conjunto de los dos gobiernos, declaró irresponsablemente que “recientemente han salido documentos desclasificados de la década de los sesenta, setenta y ochenta que demuestran quiénes eran los intrigantes que preparaban una guerra con Guyana”, sin valorar que ese planteamiento debilitaba nuestra autoridad moral en las negociaciones, pudiendo llegar a comprometer sus resultados. Esa absurda posición coincide con la sostenida por Hugo Chávez cuando “se atrevió a decir que la reclamación venezolana se había originado por presión de Estados Unidos”. Como se puede apreciar, las autoridades venezolanas, desde 1998 hasta el presente, han actuado de una manera tan criminalmente irresponsable en el tratamiento de un asunto tan delicado que han llegado a atentar contra la integridad de nuestro territorio. Entonces, ¿quién comete el delito de traición a la patria? Por otra parte, no es con fatuos eslóganes, tales como: “En Venezuela el sol sale por el Esequibo” como se defiende la soberanía nacional, sino actuando, profesional y patrióticamente, para salvaguardar nuestros inalienables derechos sobre el Esequibo.
fochoaantich@gmail.com.
