OPINIÓN | Revolución versus Estado de Derecho, por Fernando Ochoa Antich
Artículo de opinión de Fernando Ochoa Antich
En estas últimas semanas se han desarrollado un conjunto de hechos políticos en nuestro continente que, sin lugar a dudas, influirán marcadamente en su destino. Los resultados de las elecciones en Bolivia, Argentina, Uruguay y Colombia causaron sorpresa y las violentas protestas desarrolladas en Ecuador y Chile gran preocupación. Se percibe la profundización de esa lucha permanente entre dos visiones ideológicas: el liberalismo y el socialismo, con sus diversas expresiones que van desde la extrema derecha hasta la extrema izquierda. Ese natural choque de valores, a mi juicio, no es el problema político de América Latina, como tampoco lo es de Europa y de ninguna otra sociedad democrática. El sector político que obtiene el mayor respaldo popular obtiene el poder y, como es natural, lo ejerce de acuerdo a su visión ideológica.
El verdadero reto de nuestro continente es otro: aceptar, de manera definitiva, que ninguna supuesta “revolución” pueda imponerse por encima del Estado de Derecho y los valores democráticos. De allí que, analizar, aunque sea someramente estos hechos, nos permitirá conocer sus causas y posibles consecuencias.
Bolivia es un excelente ejemplo de lo que significa un régimen político influido por la visión del “Socialismo del Siglo XXI”. La candidatura de Evo Morales, para las elecciones presidenciales del 20 de octubre de 2019, presentaba un grave cuestionamiento que comprometía, de antemano, la legitimidad de su posible triunfo. El 21 de febrero de 2016 se presentó a referéndum una propuesta de reforma constitucional que, entre otras modificaciones, planteaba eliminar la prohibición existente de poder reelegirse por una tercera vez. Ese proyecto fue rechazado con una victoria del no, con el 52 %, frente al sí, con el 48 % de los votos. El 28 de noviembre de 2017, el Tribunal Constitucional Plurinacional, parcializado a favor del régimen, falló a favor de una “repostulación indefinida” aduciendo, indebidamente, que los derechos políticos estaban por encima de la voluntad popular. Acto seguido, el Tribunal Supremo Electoral, también parcializado a favor del gobierno decidió convocar a elecciones presidenciales y legislativas permitiendo que Evo Morales lanzara por tercera vez su candidatura.
A los pocos días, se realizaron las elecciones en Argentina, Uruguay y Colombia. En el caso de Argentina, Alberto Fernández obtuvo el triunfo con el 48, 10 % ante el presidente Mauticio Macri, quien logró, después de un consistente esfuerzo, el 40,10 % de los votos. De todas maneras, el triunfo de Fernández, al haber obtenido más del 45 % de votos se hizo innecesaria una segunda vuelta. De inmediato, el presidente Macri reconoció su derrota e inició las coordinaciones para la transición. En Uruguay, el candidato presidencial del Frente Amplio, Daniel Martínez obtuvo el 39,17 %; Luis Lacalle, del Partido Nacional, obtuvo el 28,59 %; Ernesto Talvi, del Partido Colorado, obtuvo el 12, 32 % y Guido Marini, de Cabildo Abierto el 10,88 % de los votos. Al no obtener ninguno de los candidatos la mayoría absoluta, el Consejo Nacional Electoral convocó, con el consenso de todos los candidatos, a una segunda vuelta. El caso de Colombia es aún de mayor significación. El resultado electoral, respetado escrupulosamente, redujo, en cierta forma, el liderazgo de Álvaro Uribe, y también el de Gustavo Petro.
Los resultados electorales de Argentina, Colombia y Uruguay, pueden no gustar a unos u otros. Sin embargo, nadie, hasta el presente los ha cuestionado. Es decir, se reconoce en ellos el acatamiento al Estado de Derecho. Pero los inaceptables hechos violentos ocurridos en el Ecuador y Chile exigen de un análisis y una valoración detenida y objetiva. Es innegable que los gobiernos de Piñera y Moreno no tuvieron la suficiente visión para interpretar el malestar social existente y establecer algunas medidas compensatorias que aliviaran el impacto de las necesarias decisiones en materia económica en los sectores menos favorecidos de la población. Si esto es cierto, también lo es que la violencia destructiva desplegada en las protestas exige una detallada investigación para determinar fehacientemente, si Venezuela y Cuba tuvieron algo que ver en dichos hechos. Hay que recordar el profundo daño que el intervencionismo fidelista le ha causado a la democracia continental. En estos tiempos no se utiliza la guerra de guerrillas sino la desestabilización de los gobiernos para derrotarlos electoralmente e imponer el “socialismo del siglo XXI”.
Esa es, precisamente, la lucha que se desarrolla en nuestro país entre quienes exigimos el respeto a la Constitución y al Estado de Derecho y quienes pretenden convertirnos en instrumento del enfrentamiento entre las grandes potencias. Nuestro país es muy pequeño y tiene que enfrentar muy complejos problemas para tomar parte en esa costosa lucha por la hegemonía mundial.
