Ese control sobre nuestro territorio lo ejercen los grupos guerrilleros no solo por la fuerza, sino utilizando métodos psicológicos muy bien orientados con la finalidad de ir sembrando ideas “revolucionarias” en niños y adolescentes que faciliten su reclutamiento como combatientes apenas tengan una edad suficiente para empuñar el fusil.
Igualmente, les permite reemplazar en algunos municipios fronterizos a las autoridades venezolanas, por inexistentes o ineficientes, en sus funciones de gobierno, resolviendo infinidad de aspectos administrativos como la reparación de obras de infraestructura, entre ellas escuelas y liceos, llegando hasta transformarse en garantes del orden y la justicia. Ese tipo de acciones lo acompañan con un control rígido de la educación que dictan en las escuelas y liceos, acompañados de regalos de todo tipo, entre ellos útiles escolares, revistas para colorear, libros de edición bolivariana. Para ello cuentan con el dinero proveniente de sus actividades delictivas.
El profesor Tarazona afirmó que le había informado al general Vladimir Padrino López la ubicación de los asentamientos guerrilleros y paramilitares, recordándole que él había garantizado su expulsión. De igual forma sostuvo que en el Táchira opera el frente Gustavo Villamizar, el cual tiene control sobre varias zonas, incluidos los municipios García de Hevia, Panamericano, Ayacucho y Lobatera.
Además, señaló que el ELN reparte las cajas CLAP: “La guerrilla llega con miembros y carros del Gobierno. Pareciera que existe un acuerdo bilateral entre la guerrilla y el gobierno de Maduro para esta distribución que ocurre cada 22 días”. También señaló que el ELN tiene en funcionamiento, desde hace varios años, diferentes emisoras: Antorcha Stereo, 96.7; FM, La Voz de la Libertad, 95.5 FM, y Antorcha Elena, 90.1 FM. y recientemente salieron al aire: 105.5 FM y 94.7 FM. Exigió que la Comisión Nacional de Comunicaciones las bloqueara. Estoy convencido de que no lo harán.
La presencia de irregulares colombianos se ha expandido en nuestro territorio al pasar de la frontera occidental, Táchira y Zulia, a la frontera sur, Apure y Bolívar, para obtener ilegales beneficios de la criminal explotación contra el medio ambiente, de oro, diamante y coltán en el área que el gobierno madurista ha denominado Arco Minero. Las mafias venezolanas, colombianas y brasileñas han empezado una fuerte lucha por el control de ese territorio… La reciente emboscada en contra de la Guardia Nacional, con el doloroso saldo de 3 guardias nacionales muertos –los sargentos Alfredo Guevara, Robert Artahona y José Martínez– y 10 heridos en el sector Picatonal del estado Amazonas así lo indica, como también la detención del colombiano Luis Ortega Bernal, peligroso cabecilla del ELN en la zona. Es sorprendente que hasta el presente no se haya ordenado una operación militar de la envergadura necesaria, con la misión de capturar y someter a la justicia al grupo irregular causante de esa acción militar.
Esta actitud complaciente de la dictadura madurista con la guerrilla colombiana, establecida como estrategia por Hugo Chávez, desde el inicio de su gobierno, al reconocer como fuerza beligerante a las FARC y afirmar que Venezuela limitaba no con Colombia sino con un territorio controlado por dichas fuerzas guerrilleras, se ha mantenido invariable en estos últimos años.
La firma del acuerdo de paz entre las FARC y el gobierno colombiano desplazó el respaldo del gobierno madurista al ELN, el cual ha utilizado ampliamente nuestro territorio, inicialmente, como zona de alivio para poder atacar unidades militares colombianas y recientemente para cometer delitos de diversa índole en suelo venezolano y obtener beneficios por la explotación ilegal de nuestros minerales preciosos. El liderazgo democrático de ese país ha denunciado permanentemente la existencia de esta creciente amenaza a la estabilidad de sus instituciones, señalando que esos grupos guerrilleros han abandonado totalmente su visión ideológica para transformarse en grupos armados al servicio del crimen organizado.
En verdad, al hecho de que Venezuela se ha constituido en santuario para los grupos irregulares que actúan en contra de las instituciones colombianas, se agrega la tragedia humanitaria que sufre nuestro país gracias al desastroso gobierno de Nicolás Maduro y que ha traído como consecuencia una gigantesca diáspora que se ha transformado en una amenaza, más grave que la misma subversión, para la estabilidad de diferentes países de la región, pero comprometiendo especialmente la de Colombia. En ese contexto no es de extrañar que el gobierno colombiano critique permanentemente al régimen bolivariano y propicie su final. Hasta ahora esas diferencias se han mantenido en el campo diplomático. Sin embargo, no se puede descartar que eventualmente, en virtud del agravamiento de la crisis, Colombia decida considerar una acción militar.
En esa indeseable circunstancia, Colombia contaría con el apoyo político y militar de Estados Unidos y Brasil y el apoyo diplomático de Argentina, Perú, Chile y Paraguay por coincidir sus intereses nacionales; Venezuela, con el respaldo político de Rusia, China, Irán, y Turquía, cuyas Fuerzas Armadas no estarían en capacidad de ofrecer un apoyo militar por lo lejano del teatro de operaciones. Igualmente, sus posibles aliados latinoamericanos, Bolivia, Nicaragua y Cuba, no tendrían suficiente capacidad para tomar parte en un conflicto militar de esa magnitud. Esa es la razón por la cual considero que es una gran irresponsabilidad someter a Venezuela a ese tipo de tensiones internacionales. Comprometer nuestra soberanía, como lo viene haciendo Nicolás Maduro con la dolorosa anuencia de la Fuerza Armada Nacional, es un acto de traición a la patria.
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