OPINIÓN | Nicolás Maduro en su laberinto, por Fernando Ochoa Antich
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La reprochable manipulación mediática, como parte esencial de la política de la neodictadura madurista, nos está presentando en los últimos días, de manera repetitiva, un micro televisivo dividido fundamentalmente en tres partes: la primera, que presenta el fracasado golpe de Estado del 4 de febrero de 1992 mediante imágenes de unas acciones militares, supuestamente heroicas, de las unidades insurrectas, justificándolo por la invivible situación económica que, según los comprometidos en la insurrección, enfrentaban los sectores populares; la segunda, una imagen de Hugo Chávez en la cual rechaza, con vehemencia, el uso de la violencia como medio para alcanzar el poder y sostiene que el único camino para hacerlo deben ser las elecciones y el respeto a la voluntad popular; y la tercera, un vociferante Nicolás Maduro que, con frases encendidas, mantiene esa misma posición, critica a los gobiernos democráticos y define el “nuevo rumbo” de la revolución “bolivariana”.
Si analizamos, con cierta perspicacia, la motivación de esta campaña mediática podemos deducir que ella tiene su causa en los permanentes rumores sobre un creciente descontento del personal militar que no han podido ser acallados, ni siquiera con la fuerte represión, traducida en detenciones y maltratos al personal profesional en los diferentes grados y jerarquías, bajo acusaciones penales por traición a la patria, incitación a la rebelión y actos contra el decoro militar. En consecuencia, esa campaña encierra un mensaje subliminal dirigido a atemorizar y a suprimir cualquier manifestación de inconformidad ante la tragedia nacional. No hay duda de que busca presionar psicológicamente a la sociedad en general, y a la familia militar en particular, con la finalidad de descalificar la exaltación que ellos mismos hicieron de la felonía del 4 de Febrero como un gesto heroico que buscaba corregir supuestas desviaciones de los gobiernos anteriores, y no como lo que realmente fue, una traición militar.
No será fácil para Nicolás Maduro salir del laberinto en que se encuentra. El problema que enfrenta ante esta dicotomía no es fácil de resolver. Cualquier venezolano tiene que recordar las numerosas frases con la cuales Hugo Chávez siempre buscó transformar esa traición militar en un acto heroico: “Así que el 4 de Febrero fue eso, la muerte de un régimen deslegitimado, pervertido y carcomido que ya no le prestaba ningún bien a Venezuela. Pero el 4 de Febrero, al mismo tiempo, generó la fuerza capaz de parir una nueva patria”; “Fue aquel un movimiento de muchachos patriotas, algunos todavía nos llaman golpistas, allá ellos. Nosotros somos revolucionarios”. Es una falacia que ahora, después de haber enaltecido por tantos años la insurrección del 4 de Febrero, se pueda llamar a la lealtad institucional. Es imposible que esas arengas puedan tener algún grado de credibilidad en los cuadros militares y mucho menos en presencia de un gobierno absolutamente corrompido y de una creciente e inmanejable crisis nacional.
Hugo Chávez y el grupo de oficiales que se insurreccionaron el 4 de Febrero adujeron, en un documento que circuló nacionalmente, que las razones que tuvieron para atentar en contra del gobierno constitucional de Carlos Andrés Pérez fueron las siguientes: las políticas neoliberales que orientaban el proyecto económico del gobierno; el descontento de los sectores medios y bajos de las Fuerzas Armadas por los hechos de corrupción verificados en los altos mandos militares; la utilización de las Fuerzas Armadas, en particular del Ejército y de la Guardia Nacional, en la represión del Caracazo; la subordinación de las Fuerzas Armadas ante un liderazgo político que consideraban incapaz y corrupto; el cuestionamiento a la posición sostenida por el presidente Pérez en las negociaciones relativas a la delimitación limítrofe con Colombia; el empleo permanente de las Fuerzas Armadas en actividades ajenas a su misión constitucional y el deterioro de las condiciones socioeconómicas del personal militar.
Antes de continuar lo primero que debe quedar claro es que ningún militar o civil tiene el derecho de utilizar las armas de la República para derrocar un gobierno constitucional ejercido con total apego a lo pautado en la carta magna. Ahora bien, ¿cuál era la situación económica y social en 1992? Carlos Andrés Pérez había llegado al poder, en 1989, en medio de una creciente crisis económica que lo obligó a aplicar un plan de ajustes exigido por el Fondo Monetario Internacional para facilitar los préstamos requeridos. Las medidas eran: un nuevo esquema cambiario; liberación de las tasas activas y pasivas; aumento anual del precio de la gasolina; racionalización de la política arancelaria; libertad de comercio y eliminación de exoneraciones para las importaciones; congelación de los cargos públicos; ajuste de las tarifas de luz y teléfono; liberación de las tarifas del transporte público; 50% de subsidio a los fertilizantes; incremento del salario mínimo; aumento de 30% del sueldo de los empleados públicos; subsidios a la cesta básica; creación de mercados populares y fortalecimiento de los hogares de cuidado diario…
Definitivamente, un gran plan de reestructuración de la economía. Si observamos a la distancia estas medidas debemos concluir que realmente era un ajuste posible, pues existían suficientes medidas compensatorias. Su punto débil fue la oposición a esas medidas de Acción Democrática, que las tildó de neoliberales para darle mayor fuerza a ese rechazo. Se debe también reconocer que faltó una mayor explicación a los sectores populares sobre lo que se perseguía y los beneficios que se obtendrían en términos de una mejor calidad de vida para todos. Lamentablemente, los hechos del 27 de Febrero y los intentos de golpe de Estado del 4 de Febrero y del 27 de Noviembre, comprometieron aún más el éxito de dicho proyecto. Desde el punto de vista político se logró la elección directa de gobernadores y alcaldes, dando inicio al proceso de descentralización. En lo económico y social el crecimiento del PIB alcanzó un promedio anual superior a 7%, lográndose reducir la pobreza extrema en 32,1%; las tasas promedio de desempleo e inflación fueron de 8,82% y de 44,8%, respectivamente. Es, sin duda, una gestión de gobierno exitosa, a pesar de una férrea oposición. ¿Había alguna razón para cometer o apoyar la felonía del 4 de Febrero? Estoy convencido de que no.
Veamos ahora la realidad actual de Venezuela. En lo político, el gobierno de Nicolás Maduro carece totalmente de legitimidad de origen y de ejercicio. El repudio nacional e internacional lo indica claramente. En una sociedad democrática, las elecciones, cuando son legítimas, libres y transparentes, constituyen la mejor solución para las crisis políticas. Eso no ha ocurrido en Venezuela con la convocatoria del referéndum revocatorio presidencial, con las elecciones regionales y mucho menos con la convocatoria a una asamblea nacional constituyente comunal y la elección presidencial del pasado 20 de mayo. La crisis no solo se mantiene sino que se agrava diariamente y, lo más seguro, se resolverá a través de la violencia. Desde hace tiempo he mantenido que si no funciona de una manera creíble la solución electoral, surgirá la alternativa militar y, lo peor e inaceptable, hasta una posible intervención multilateral. Nuestro pueblo se está muriendo de hambre. El Fondo Monetario Internacional predijo que la inflación puede rondar el 14.000%, con una contracción del PIB del 15 %, una tasa de desempleo de 33% y el colapso de la producción petrolera.
Presidente Maduro, oiga el consejo del presidente del Ecuador, Lenín Moreno: «El último proceso electoral en Venezuela, con la denuncia de ‘puntos rojos’, de falta de observación internacional, de escasa participación y ausencia de garantías para la oposición, nos llama a proponer una salida democrática a la crisis que vive Venezuela: convocar a una consulta popular en la que se decida si se deben refrendar los resultados del proceso electoral del 20 de mayo o si se convoca a nuevas elecciones en un plazo cercano. Esa consulta popular se debe realizar con total apertura de todos los partidos políticos, de la sociedad civil organizada y con observación de los organismos internacionales especializados como la OEA»… La ambición es muy mala consejera. También lo es la violencia. Busque una solución política a la crisis nacional.
