#Opinión | Las declaraciones de la alcaldesa de Bogotá, por Fernando Ochoa Antich
Fernando Ochoa Antich
La alcaldesa de Bogotá, Claudia López, ofreció el pasado 30 de octubre unas declaraciones, en un acto público, en las cuales expresó que se debería deportar de Colombia a los venezolanos que cometan delitos: “Yo no quiero estigmatizar, ni más faltaba, a los venezolanos, pero hay unos inmigrantes metidos en criminalidad que nos están haciendo la vida de cuadritos. Aquí, el que venga a ganarse la vida decentemente, bienvenido, pero el que venga a delinquir deberíamos deportarlo sin contemplación”. Estas inaceptables declaraciones, emitidas por una funcionaria de tanta importancia, pueden crear un ambiente de xenofobia y odio contra los venezolanos que han tenido que abandonar su país como consecuencia de la tragedia que significa la dictadura del “Socialismo del Siglo XXI”, generar delicadas tensiones sociales y provocar la violencia. El embajador Tomás Guanipa, diplomático reconocido por el gobierno de Colombia, expresó su rechazo a tan desafortunadas declaraciones señalando que no es cierto que el permanente incremento de delitos en Colombia tiene su origen en la masiva presencia de venezolanos sino que sus causas son numerosas y muy variadas. Igualmente, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos manifestó su preocupación “por las consecuencias que estos pronunciamientos podrían desencadenar”.
Además, como era de esperarse en un ambiente político tan dinámico como el colombiano, surgió una fuerte polémica. El presidente del Concejo de Bogotá, Carlos Fernando Galán, declaró: “En condiciones tan adversas como las que estamos viviendo, señalar a los venezolanos por la inseguridad es la salida más fácil y un acto mezquino y peligroso”. Por su parte, el director de Migración Colombia, Juan Francisco Espinosa, refutó la posición de la alcaldesa López con sólidos argumentos: “En Colombia viven cerca de 1.722.919 venezolanos. De los 100.000 detenidos en todo el país, 2.700 son extranjeros, y 1.500 son venezolanos. Así pues solo el 2,7 % de los privados de libertad en Colombia son extranjeros y únicamente el 1,5 % corresponde a migrantes del vecino país. La criminalidad en Colombia no surge con la migración venezolana, los problemas de seguridad que tiene el país vienen de muchísimo tiempo atrás”. Igualmente rechazó la posición de la alcaldesa López al aclarar: “Extranjero que cometa un delito en Colombia o ponga en riesgo la vida de una persona no puede ser sancionado con la deportación o la expulsión sino mediante la judicialización”.
Esa declaración de Claudia López es, por lo menos, sorprendente. Su conducta xenófoba contra los venezolanos no coincide con su orientación ideológica y mucho menos con su cercanía al partido Verde, organización que mantiene una posición ética en su accionar político basado en que “el fin no justifica los medios”, mantiene una posición pacifista en el conflicto colombiano, flamea las banderas del humanismo y defiende tajantemente el ambientalismo al compartir las orientaciones mundiales de los partidos Verde en lo que se denomina la “ecología política”, la cual propugna los valores de la biodiversidad y la sostenibilidad del ecosistema. Por eso pienso, que intereses políticos inmediatos o errores de apreciación sobre el impacto que su infortunada declaración tendría en la opinión pública, la llevaron a cometer ese grave error, el cual puede tener consecuencias muy negativas en su futuro político, entre ellas comprometer algunos apoyos partidistas a una posible candidatura presidencial. Las declaraciones de Juan Carlos Galán, en este sentido, confirman mi posición.
Lamentablemente, la xenofobia es un fenómeno social que se expande con gran rapidez en las sociedades y se utiliza profusamente en circunstancias complejas como las que actualmente vive el mundo. Sin embargo, me sorprende que un líder político, con la preparación y experiencia de Claudia López, no haya sido capaz de percibir la inconveniencia de su acción. Además, los venezolanos son, en este momento, la minoría más vulnerables de la población que vive en Colombia. Estigmatizarla es inaceptable éticamente. La única explicación que encuentro ante tan equivocada posición es que sus asesores comunicacionales hayan considerado que esas declaraciones podían justificar la difícil situación de inseguridad que vive Bogotá, como todas las grandes ciudades, y el natural rechazo que, en estos tiempos de pandemia, existe en todas las comunidades contra el fenómeno migratorio ante el problema del desempleo y la creciente crisis económica. Por ello, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos agregó en su declaración que: “quienes ejercen cargos de responsabilidad tienen el deber de no contribuir con su discurso a generar un clima de permisividad o justificación de la violencia que puede ejercerse contra la población migrante”.
Caracas, 8 de noviembre de 2020.
fochoaantich@gmail.com
