OPINIÓN | Fernando Ochoa Antich: Nicolás Maduro y el Esequibo
Fernando Ochoa Antich
En mi reciente carta al general Vladimir Padrino López, ministro de la Defensa, le recordé la política exterior entreguista de los gobiernos de Hugo Chávez y Nicolás Maduro en relación con nuestro legítimo reclamo ante la República de Guyana sobre el territorio Esequibo. En este artículo me referiré a la ofensiva diplomática ejecutada por el gobierno guyanés en su intento por desconocer nuestros históricos derechos sobre dicho territorio y su expresión jurídica, el Acuerdo de Ginebra, suscrito por los gobiernos de Venezuela, Inglaterra y Guayana Británica el 17 de febrero de 1966. Al asumir Nicolás Maduro la Presidencia de la República aceptó una invitación oficial para visitar Guyana, sin evaluar los posibles riesgos que su conducta podía acarrear, días después de que el ministro del Ambiente de ese país declarara en San Diego, Estados Unidos, que Guyana había entregado una concesión petrolera a la empresa estadounidense Anadarko Petroleum Corporation en el bloque Roraima, la cual afecta la fachada Atlántica de la Zona en Reclamación y la del estado Delta Amacuro. En las diferentes declaraciones que dio guardó absoluto silencio sobre ese hecho, sin reparar que esa inaceptable conducta podía crear un Estoppel de Aquiescencia.
La actual posición de Guyana solo se puede entender si se analiza el contexto internacional en el cual que se encuentra Venezuela actualmente. Lamentablemente la errática política internacional, diseñada y ejecutada por los gobiernos de Hugo Chávez y Nicolás Maduro, ha conducido al total aislamiento de nuestro país por su empeño en alinearse con los intereses de gobiernos influidos por ideologías radicales de izquierda y confesiones religiosas ubicados fuera de nuestro continente. Esta equivocada posición condujo a esos gobiernos a enfrentar a Estados Unidos, nuestro natural mercado petrolero y potencia hegemónica en el continente americano, sin comprender que los intereses vitales de Venezuela exigen una posición neutral en cualquier conflicto internacional entre las grandes potencias. Además, la total falta de legitimidad, tanto de origen como de ejercicio, del gobierno de Nicolás Maduro trajo en consecuencia que más de 60 gobiernos democráticos del mundo occidental desconocieran a Nicolás Maduro como presidente de la República. Guyana consideró que era el momento propicio para acudir a la Corte Internacional de Justicia.
En consecuencia, interpuso una demanda en contra de Venezuela ante la Corte Internacional de Justicia el 29 de marzo de 2018 solicitando declarar como válida la sentencia arbitral de 1899. Ante este hecho, Venezuela envió una nota a dicha Corte, el 18 de junio de ese año, informándole que no participaría en el procedimiento contencioso al que Guyana pretende someter la disputa territorial sobre la región del Esequibo, alegando la vigencia del Acuerdo de Ginebra. El 20 de junio de 2020 Venezuela ratificó su posición, a través de un comunicado de la Cancillería, de no asistir a la audiencia convocada para el 30 de junio por la Corte Internacional de Justicia, aclarando, además, que esa instancia había anunciado el 17 de marzo último la suspensión indefinida de sus audiencias y actividades procesales debido a la pandemia del covid-19, dejando también sin efecto el procedimiento oral sobre la cuestión de su jurisdicción en el caso de la demanda unilateral de Guyana. Sin embargo, en plena pandemia, la Corte Internacional de Justicia, demostrando un interés indebido, decidió llevar a cabo la audiencia, mediante videoconferencia, el 30 de junio de 2020. Venezuela consideró que esta decisión era inaceptable al no corresponder con una práctica aplicable de carácter general.
En efecto, Venezuela, desde el reconocimiento de la Corte Internacional de Justicia, mantuvo que no aceptaría su jurisdicción para dirimir asuntos vitales de nuestro país, tales como las delimitaciones territoriales y otros aspectos referentes a nuestra soberanía. Esta posición tiene el total respaldo del pueblo venezolano. Sin embargo, me causó preocupación leer un importante ensayo titulado “Primera decisión de la Corte Internacional con relación a la demanda de Guyana contra Venezuela” del internacionalista Nicolás Boeglin, profesor de Derecho Internacional de la Universidad de Costa Rica, del 2 de julio de 2018, en el cual se hace mención del artículo 53, párrafo 1 del Estatuto de la Corte Internacional de Justicia: “Cuando una de las partes no comparezca ante la Corte, o se abstenga a defender su caso, la otra parte podrá pedirle a la Corte que falle a su favor”. En ese caso, la Corte Internacional de Justicia “debe proceder a tomar una decisión balanceada e incuestionable con base en un procedimiento contradictorio sin serlo: un verdadero desafío que la Corte Internacional de Justicia ha logrado superar sin mayores problemas en varios casos desde 1945 frente a Estados renuentes a comparecer ante ella”. En dicho estudio se enumeran los siguientes: Francia, Turquía, Irán, Estados Unidos y Colombia.
Leí con detenimiento la reseña periodística de la reunión de la Comisión Presidencial para la Defensa del Esequibo, realizada el 26 de junio de 2020, presidida por la vicepresidente de la República, Delcy Rodríguez, en la cual mantuvo que “el gobierno bolivariano nunca se va a separar del Acuerdo de Ginebra de 1966” y ratificó nuestra posición histórica de no reconocer la jurisdicción de la Corte Internacional de Justicia para tratar dicho asunto. También explicó que el Acuerdo de Ginebra está debidamente depositado en las Naciones Unidas como el instrumento jurídico que debe regir la negociación para alcanzar un acuerdo práctico y satisfactorio para ambas partes. Asimismo, indicó que el Acuerdo de Ginebra supera el Laudo Arbitral de París de 1899, que Venezuela considera “nulo e írrito”… Estoy convencido de que la posición histórica y jurídica de Venezuela es sólida y está suficientemente fundamentada. Sin embargo, la lectura que hice del trabajo del internacionalista Nicolás Boeglin, como ya dije, me causó preocupación. La audiencia de la Corte Internacional de Justicia del 30 de junio era, justamente, para definir si tenía o no jurisdicción para decidir sobre el caso Venezuela-Guyana. Venezuela no asistió. Espero que esa decisión haya sido el resultado de una amplia consulta al grupo de expertos en el campo internacional que siempre han asesorado a Venezuela en la reclamación del territorio Esequibo y no una de las tantas acciones irresponsables que se han venido tomando en estos veinte años comprometiendo el destino de nuestra reclamación.
