OPINIÓN| En defensa de la institucionalidad militar por Fernando Ochoa Antich

Fernando Ochoa Antich

La degradación y expulsión de 24 oficiales generales, almirantes, superiores y subalternos de la Fuerza Armada Nacional constituyen arbitrariedades inaceptables e injustificadas. Esos actos comprometen gravemente el esfuerzo realizado durante más de cien años por varias generaciones de venezolanos para crear una institución armada profesional, disciplinada, eficiente  y apolítica. Lo primero a señalar es el momento en que ocurre. No pareciera existir hecho punible alguno, suficientemente probado, perpetrado por un solo profesional objeto de esas sanciones que justifique la razón de los decretos presidenciales 3298 y 3299 del 28 de febrero de 2018. Tanto es así que a ninguno de los oficiales sancionados se le señala específicamente el delito cometido en los considerandos de los decretos, a pesar de afirmar “que con ocasión de los hechos en que han incurrido los profesionales militares, se han iniciado las investigaciones correspondientes a los fines de determinar la existencia de tiempo, modo y lugar que permitan precisar el tipo de responsabilidad o carácter punible que revistieren sus acciones”. Es decir, que sin haber concluido esas investigaciones, sin un juicio militar con sentencia definitivamente firme y sin la suficiente autoridad para ello, el presidente de la República impone tan graves sanciones despojando a ese grupo de oficiales de su legítima condición de profesionales militares.

También, en el inicio del decreto 3299 se establece que: “Nicolás Maduro Moros, presidente de la República, con el supremo compromiso y voluntad de lograr la mayor eficacia política y calidad revolucionaria en la construcción del socialismo bolivariano y la refundación de la República…” introduciendo ilegítimamente un fundamento político ideológico contrario a lo planteado en la Constitución de 1999, aprobada por los venezolanos en elecciones, la cual establece como valores fundamentales de la nación “la vida, la libertad, la justicia, la igualdad, la solidaridad, la democracia, la responsabilidad social y en general la preeminencia de los derechos humanos, la ética y el pluralismo político”. Ante esta contradicción, cabe preguntarse: ¿quién incurre en un comportamiento violatorio de los valores éticos que deben regir a la institución armada, aquel que viola la Constitución desconociendo los valores que ella propugna o aquel que la defiende? Según Maduro, quien actúe en estricto cumplimiento de lo pautado en el artículo 333 constitucional y no en beneficio de la construcción del socialismo bolivariano, se convierte en reo de su “justicia”.

Una conducta de monarca absoluto o de dictador, a lo Juan Vicente Gómez, es la única manera que permite explicar la decisión de Nicolás Maduro de imputar delitos no especificados contra la ética y la moral militar y sancionar con la degradación y la expulsión de la Fuerza Armada Nacional a los oficiales nombrados en los decretos presidenciales 3298 y 3299 sin haber concluido las investigaciones correspondientes. En verdad, esa decisión constituye un verdadero e inaceptable despropósito. No puedo comentar sobre los hechos que han conducido a la detención de un número importante de estos profesionales, ya que los desconozco. Sin embargo, puedo afirmar que conocí a algunos de ellos, detenidos o no, durante mis 30 años de servicio y de manera particular durante mi desempeño como ministro de la Defensa. En muchas oportunidades he polemizado con varios de ellos sobre los acontecimientos del 4 de febrero de 1992; pero aún así, con absoluta honestidad, puedo dar fe de sus condiciones morales y militares. Por lo tanto, rechazo por insidiosa y ofensiva al honor militar la descalificación que se intenta hacer de sus valores personales y profesionales.

Pero si lo afirmado anteriormente constituye un despropósito, lo es mucho más la afirmación de que esos oficiales, que ya se encontraban en el exilio, en la cárcel o en retiro, “hayan incitado a la rebelión, creando un estado de desequilibrio y zozobra, hayan atentado contra la libertad y la independencia de la nación y hayan hecho uso indebido, desmesurado, y desproporcionado de armas de guerra poniendo en peligro la independencia y soberanía de la nación, los cuales constituyen actos de manifiesta agresión al pueblo y actos de traición a la patria”. A pesar de proferir acusaciones tan ligeras y absurdas, no le es posible a Nicolás Maduro ocultar la realidad de lo que ha ocurrido y actualmente sucede en Venezuela. La verdadera causa del clima de inestabilidad y rechazo a la dictadura de la camarilla gobernante es el desastre social y económico que el teniente coronel Hugo Chávez y él mismo han generado mediante el hambre, la muerte, la diáspora de millones de venezolanos, el saqueo de los dineros públicos, la destrucción de Pdvsa, la caída de la producción petrolera, la entrega de nuestra soberanía a Cuba, la actuación en contra del interés nacional en la reclamación sobre el territorio Esequibo, y muchos otros desaciertos. Estoy convencido de que las futuras generaciones, al analizar este período histórico, no dudarán en señalar que sus principales dirigentes fueron los que realmente cometieron delitos de traición a la patria.

He reflexionado, con detenimiento, sobre las causas que han generado tan desproporcionada e ilegal decisión. Estoy convencido de que en la Fuerza Armada Nacional tiene que existir una situación muy delicada para que se haya tomado una decisión tan desacertada. Degradar y expulsar a tan numeroso grupo de oficiales tiene que haber provocado un sentimiento de natural rechazo en los cuadros militares. Hiere profundamente el compañerismo y el espíritu de cuerpo. La única explicación que encuentro es que haya existido una presión muy fuerte de Nicolás Maduro sobre los mandos militares, quienes mostraron una reprochable debilidad, para acordar esa medida, ante la certeza que tiene de que existe un creciente descontento en la institución armada. Creo que tuvieron un claro objetivo: atemorizar a los cuadros para evitar que continúen las expresiones de inconformidad. No tengo dudas en afirmar que unas sanciones tan duras y arbitrarias, tomadas con tanta ligereza, tienen que haber logrado su objetivo, pero también deben de haber incrementado el rechazo y el malestar existente. Tan complejo panorama, acompañado del creciente descontento social que percibimos en la calle, me genera preocupación y angustia. Si los venezolanos no somos capaces de encontrar un camino pacífico que nos conduzca a la reconciliación nacional y al mismo tiempo permita una pronta solución a la tragedia nacional, nos veremos envueltos en un proceso de violencia de consecuencias impredecibles.

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