OPINIÓN | Dos trascendentales comunicados por Fernando Ochoa Antich
Fernando Ochoa Antich
La Conferencia Episcopal de Venezuela y el Frente Institucional Militar publicaron esta semana dos importantes comunicados, en los cuales se analiza, desde distintas perspectivas, la grave crisis nacional. Comentaré sus planteamientos a objeto de valorar, con la mayor objetividad posible, las distintas formas de acción que esos documentos plantean para lograr el necesario e imprescindible cambio político en nuestro país. Antes de hacerlo, creo conveniente exponer mi visión de la actual realidad venezolana. La dictadura madurista se ha dedicado a la implantación de un régimen totalitario que limita las libertades ciudadanas, mediante el chantaje permanente a través de dádivas como las cajas CLAP; la imposición del “carnet de la patria” y de los consejos comunales como instrumento de control social; la restricción de la libertad de expresión a través de la permanente amenaza a los medios; el uso de una brutal represión en contra de cualquier expresión de protesta; la utilización de la justicia como medio de intimidación; y la creación premeditada de una creciente hiperinflación que busca doblegar al ciudadano a través del hambre, la muerte y la diáspora.
El comunicado de la Conferencia Episcopal describe, acertada y valientemente, la difícil y compleja realidad venezolana, resaltando que los males señalados en su anterior exhortación de enero de este año se han incrementado gravemente: “La hiperinflación ha acrecentado el empobrecimiento general de la población con la descomposición de la calidad de vida de todos. La carencia generalizada de los servicios públicos de luz eléctrica, agua, gas, hace más difícil la vida”. Así mismo, resalta “la incapacidad del régimen para asegurar los insumos básicos para la subsistencia del pueblo” y su irresponsable actitud ante el surgimiento incontrolable de epidemias y enfermedades en las poblaciones más vulnerables en medio de una total carencia de medicinas para su tratamiento. También señala que “la emigración toma cada día mayores proporciones” al afectar a todos los niveles sociales por realizarse en condiciones precarias.
Los obispos sostienen, con gran firmeza, que ante los problemas sociales antes reseñados “se deslegitima la realización de las elecciones presidenciales convocadas para el 20 de mayo al ser concebidas sin las suficientes garantías que identifican todo proceso libre, confiable, transparente y con innumerables inhabilitaciones” y solicitan su necesaria y urgente postergación para el último trimestre del año. No hay duda de que la Conferencia Episcopal tiene toda la razón desde un punto de vista moral, pero lamentablemente el adelanto de la fecha de las elecciones fue parte de la maniobra de Nicolás Maduro para tratar que la oposición se dividiera entre abstencionistas y participativos para poderla derrotar. En consecuencia, muy difícilmente, aceptará ese planteamiento. Por lo tanto, habrá elecciones el 20 de mayo. Ciertamente, si triunfa Nicolás Maduro serán elecciones ilegítimas, pero permanecerá en el poder y no habrá solución para la tragedia venezolana.
Nicolás Maduro ha violado la Constitución Nacional, sin solución de continuidad, desde el inicio de su gobierno y continúa violándola. Actualmente lo hace con el antejuicio de mérito incoado por la fiscal Luisa Ortega Díaz ante el legítimo Tribunal Supremo de Justicia en el exilio, con la autorización de la Asamblea Nacional, el cual lo obliga a entregar la Presidencia de la República y retirar su candidatura. Estoy convencido de que no postergará las elecciones. El régimen madurista es una dictadura que no respeta el Estado de Derecho y mucho menos las normas electorales. Por esa razón, soy de los que creen que hay que combatirlo en cualquier escenario que surja para poder debilitar, de esa manera, su base de sustentación. Uno de esos escenarios es la contienda electoral y por ello creo aconsejable respaldar la candidatura de Henri Falcón. Estoy seguro de su triunfo, si los venezolanos votan masivamente. Es posible que Nicolás Maduro realice un fraude, pero esa acción tendría un inmenso costo político: difícilmente podría sostenerse en el poder.
El Frente Institucional Militar también emitió un importante comunicado en el cual se analiza la grave crisis nacional: “Cuando nuestro pueblo, lleno de fe y de esperanza, vuelve su mirada a sus militares por sentir la necesidad de auxilio frente a la tragedia a la que injustamente ha sido sometido, queremos recordarles a nuestros compañeros de armas, en situación de actividad, que nuestra obligación para con los venezolanos es aplicar soluciones extraordinarias a situaciones extraordinarias”. Ese mensaje se sustenta en el daño que produce la ruptura de la institucionalidad del Estado venezolano, provocada por el ilegal funcionamiento de una írrita asamblea nacional constituyente, la cual trata de reemplazar los poderes legítimos del Estado, en particular a la Asamblea Nacional, representante de la voluntad popular. Esa ruptura de la institucionalidad del Estado también compromete la misión constitucional de la Fuerza Armada Nacional.
Más adelante plantean: “La realidad de hoy es que el propio estamento militar ha sido privado de sus derechos y garantías constitucionales que les corresponden como ciudadanos”. En verdad, el debilitamiento progresivo de los valores profesionales de la Fuerza Armada Nacional ha venido comprometiendo la estabilidad de los cuadros que se ven sometidos a presiones de distinto orden que les impide expresar su manera de pensar ante hechos que ocurren en la sociedad por la inmediata represión de que pueden ser objeto, ellos o sus familiares. El compañerismo y el espíritu de cuerpo, valores fundamentales de cualquier organización militar, se encuentran tan comprometidos que existen rumores de permanentes delaciones que surgen, a veces injustamente, ante cualquier frase inocente que pueda interpretarse como alguna crítica al régimen. Ni siquiera los comandantes de unidades pueden orientar profesionalmente a sus subalternos.
En otra parte del comunicado se expresa que: “La inobservancia de la legalidad ha permitido hasta la degradación de oficiales sin proceso judicial alguno y la imposición a integrantes de la FAN de formar parte de una organización política o a expresar simpatías al mismo, práctica expresamente prohibida por nuestra Constitución”. Esta inaceptable imposición, expresada públicamente por el general Vladimir Padrino López, ministro de la Defensa, y otros miembros del Alto Mando Militar, ha contribuido a incrementar el descontento en los cuadros que se manifiesta en permanentes rumores de una creciente división interna que ha traído por consecuencia la detención de numerosos compañeros de armas, cuyos derechos humanos y consideraciones debidas a sus grados militares, han sido simplemente ignorados. Venezuela vive actualmente uno de los momentos más trágicos de su historia. La Institución Armada tiene el inmenso reto de mantener su unidad interna, mediante el cumplimiento de la Constitución Nacional, para poder salvaguardar la paz de la República.
El comunicado de la Conferencia Episcopal, proveniente de una institución como la Iglesia Católica, cercana como está de amplios sectores sociales, interpreta cabalmente el rechazo que existe en las grandes mayorías nacionales contra la candidatura de Nicolás Maduro y las muy pocas probabilidades que existen de que pueda triunfar limpiamente en las elecciones del 20 de mayo. Ante esta realidad, solo le quedaría una posibilidad: realizar un inmenso fraude electoral. Por otro lado, el comunicado del Frente Institucional Militar muestra que ese mismo rechazo ha empezado a tomar cuerpo en los cuadros activos de la Fuerza Armada Nacional. Un fraude electoral significaría un riesgoso golpe de Estado. Estoy convencido de que en la institución militar debe de existir la convicción de que el único camino posible para resolver la inmanejable crisis venezolana es respetar y hacer respetar la Constitución Nacional y los derechos ciudadanos.
