Opinión| Colombia: entre el voto y el fusil por Fernando Ochoa Antich
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El video puesto a circular por Iván Márquez, acompañado de varios jefes guerrilleros, entre ellos Seuxis Hernández Solarte, alias Jesús Santrich, Hernán Darío Velásquez, alias el Paisa, pone, a mi criterio, punto final al proceso de paz ampliamente deseado por el pueblo colombiano, pero muy mal conducido por el expresidente Juan Manuel Santos, quien nunca logró concertar el necesario y sólido respaldo popular para una acción de gobierno de tanta importancia por no exigir, de manera intransigente, el final de la alianza entre las FARC y el narcotráfico, ni tampoco evitar que se utilizara la Justicia Transicional para concederles una absoluta impunidad a los culpables de delitos de lesa humanidad. Los señalamientos realizados por la opinión pública colombiana y el gobierno de los Estados Unidos, en los cuales se sindicaba a Iván Márquez y a los jefes guerrilleros aparecidos en el mencionado video, por su permanente relación con el crimen organizado antes, durante y después del proceso de negociación, impidieron la posibilidad de lograr el triunfo en el referendo aprobatorio del acuerdo de paz.
Desde el inicio de las negociaciones en Cuba llegué a pensar que el objetivo de la FARC, y en general de la izquierda radical colombiana, era cerrar el ciclo trágico de la violencia armada y acogerse a la vía electoral, coincidiendo con la nueva estrategia cubana para la América Latina como el camino más seguro para alcanzar el poder. El ejemplo de lo ocurrido en Venezuela era muy auspicioso, como también lo era la receptividad que tuvo la candidatura de Gustavo Petro en las últimas elecciones presidenciales colombianas. Mi primera sorpresa fue observar que el ELN se mantenía en armas, rechazando cualquier posibilidad de negociación. Ahora, me ha impactado aún más la posición asumida por Iván Márquez y sus seguidores. Estoy convencido que el temor que le produjo a esos jefes guerrilleros la posibilidad de ser detenidos y extraditados a los Estados Unidos pudo haber sido el motivo de su retorno a la violencia. La firme posición de rechazo asumida por Rodrigo Londoño, alias Timochenko, al afirmar: “las grandes mayorías seguimos comprometidas, aún con las dificultades y peligros que se avizoran, con la paz”, parece confirmar esta realidad.
Esa terminante declaración de Rodrigo Londoño ha dividido en dos sectores a la opinión pública colombiana: uno, que considera que ella significa el surgimiento de una importante división en las FARC, la cual definirá su destino con trascendentes consecuencias políticas en el futuro de Colombia; otro, que piensa que esa supuesta división no existe, sino que el contenido del video y la mencionada declaración forman parte de una estrategia de las FARC para conservar las ventajas que le ha dado el proceso de paz, entre ellas el uso y abuso de los curules obtenidos por designación en la Asamblea de Representantes y mantener a la vez su relación con los carteles del narcotráfico obteniendo multimillonarios beneficios económicos, para fortalecer su partido “Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común” transformándola en una eficiente estructura a nivel nacional a través de importantes campañas de propaganda en las próximas elecciones.
Otro aspecto en discusión es la responsabilidad por los hechos ocurridos. Un pequeño sector de la opinión pública colombiana considera que la responsabilidad debe atribuírsele a los presidentes Uribe y Duque por haber debilitado los acuerdos de paz al no cumplirlos cabalmente. Al contrario, la gran mayoría de los colombianos sostiene que el reinicio de la violencia se debe a la conducta delincuencial de Iván Márquez y su grupo, quienes, después de firmado los acuerdos de paz, mantienen sus vínculos con el narcotráfico; a la estrategia establecida por las FARC como ya lo expliqué en el párrafo anterior; y la inaceptable actuación de varias de las Instituciones del Estado: La Justicia Especial para la Paz, que no decidió durante un año la solicitud de extradición contra alias Jesús Santrich y cuando lo hizo fue para no aceptar las evidencias presentadas y dejarlo en libertad; el Consejo de Estado que le otorgó el fuero de congresista de manera indebida; y la Corte Suprema de Justicia que ordenó su libertad y después al desaparecer no ordenó su captura. Para colmo, la Justicia Especial para la Paz todavía no ha decidido sobre el recurso interpuesto por la Procuraduría.
