OPINIÓN | Chile, un ejemplo aleccionador, por Fernando Ochoa Antich

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Después del triunfo del golpe de Estado, el 11 de septiembre de 1973, el lamentable suicidio de Salvador Allende y la formación de una Junta Militar de Gobierno, presidida por el general Augusto Pinochet, comandante en Jefe del Ejército e integrada por el vicealmirante José Toribio Merino, Comandante en Jefe de la Armada, y los generales Gustavo Leigh, Comandante en Jefe de la Aviación y el general César Mendoza, Comandante en Jefe de los Carabineros, se dio inicio a un gobierno de facto, cuyas primeras medidas fueron: disolver el Congreso Nacional, ilegalizar los partidos políticos, restringir los derechos civiles y políticos y establecer una cruel política represiva que, si bien, permitió restaurar el orden social, lo hizo mediante una permanente violación de los derechos humanos.

Hubo más de 28.000 presos políticos, más de 2,000 ejecuciones y 1.209 detenidos desaparecidos. El exilio político superó a más de 200.000 familias. El gobierno militar fue ampliamente rechazado, nacional e internacionalmente, por dos factores: el brutal uso de la violencia y su voluntad de perpetuarse en el poder. Una intervención militar sólo puede justificarse, por muy corto tiempo, si esta se produce para evitar un estallido de  violencia que pueda conducir a una guerra civil, y ese era el caso de Chile, o si se violenta el orden constitucional, comprometiendo la estabilidad institucional de ese país.

El 27 de junio de 1974, el general Pinochet fue nombrado Jefe Supremo  de la Nación, y pocos meses más tarde, el 17 de diciembre, presidente de la República. En 1978, la dictadura militar enfrentó una difícil situación, debido a la condena mundial causada por el asesinato, en Washington, de Orlando Letelier, canciller del gobierno de Allende, y a la destitución del general Gustavo Leigh por sus discrepancias con los demás miembros de la Junta. Para su reemplazo fue designado  el general Fernando Mattei.

En 1980, a través de un plebiscito, muy cuestionado históricamente, se aprobó una nueva constitución política en la cual se estableció que el general Pinochet continuaría en el ejercicio de  la presidencia de la República por ocho años, a partir del 11 de marzo de 1981. El texto constitucional también estableció varias disposiciones que, eventualmente, permitirían el retorno a la democracia según el resultado de otro plebiscito que debería realizarse el 5 de octubre de 1988.

En dicho referéndum, el pueblo chileno dijo no a  un nuevo mandato del general Pinochet y, en consecuencia, ese hecho y la fuerte presión nacional e internacional, condujeron, el año siguiente, a la elección presidencial. Para ese evento, la Concertación de Partidos por la Democracia asumió la dirección opositora. Durante la campaña, no exenta de obstáculos oficialistas, asumió el nombre de Concertación de Partidos por el NO y, finalmente, alcanzó la victoria.

Ante la euforia producida por el triunfo del NO, la alianza convocó a la calma, al trabajo y al imprescindible consenso, a objeto de presentar un candidato único para la elección presidencial, capaz de garantizar la derrota de la dictadura. Con este fin fue seleccionado el líder del Partido Demócrata Cristiano, Patricio Aylwin Azócar, quien fue electo presidente de la República.

La dictadura militar terminó en 1990 con la entrega de la presidencia de la República por el general Pinochet a Patricio Aylwin. Ese hecho dio inicio al período que se conoce en la historia de Chile como la Transición a la democracia. A este respecto, existe un fuerte debate entre los historiadores sobre si aún se está en ese período o si ya ha finalizado. Soy del criterio que esa transición terminará cuando se ponga punto final a la Constitución pinochetista de 1980.

El inicio de este período fue sumamente complejo, ya que esa constitución establecía que el general Pinochet permanecería como comandante en jefe del Ejército hasta 1998. Sin embargo, la personalidad conciliadora de Patricio Aylwin le permitió  establecer con Pinochet una fluida comunicación. Aun así, hubo varias crisis generadas por su difícil relación con los ministros de la Defensa, pero una vez más, fueron superadas, gracias a la habilidad conciliadora del presidente Aylwin.

Después de la presidencia de Patricio Aylwin se han sucedido en el cargo, Eduardo Frei Ruiz-Tagle (1994-2000), Ricardo Lagos (2000-2006), Michelle Bachelet (2006-2010 y 2014-2018) y Sebastián Piñera (2010-2014 y 2018-2022), actual presidente en ejercicio, quien debió enfrentar en octubre de  2019 multitudinarias protestas, caracterizadas por una inusitada e injustificada violencia, en reclamo por el aumento de las tarifas de transporte y por mejoras económicas y sociales, las cuales amenazaron la propia permanencia del gobierno.

La salida política a tan grave crisis fue la propuesta de un acuerdo de convocatoria a un proceso constituyente. Para ello, se consultó a los chilenos y fue aprobado en un referendo con el 78,27 % de los votos. La elección de constituyentes se realizó entre el 15 y el 16 de mayo de 2021, con un resultado muy disperso entre las fuerzas políticas, por lo que no existe una tendencia con la fuerza necesaria para imponer su orientación. He allí el reto del pueblo chileno. Presionar a los constituyentes para que dejen a un lado las exageradas posiciones ideológicas, y se alcance un acuerdo que permita aprobar una Constitución equilibrada, que reconozca la necesaria presencia del Estado, pero también garantice la propiedad, la iniciativa privada y la vigencia del mercado. De no alcanzarse ese acuerdo, el esplendor chileno terminará en un doloroso fracaso, con el riesgo de que su pueblo pueda perder de nuevo la libertad recuperada con tanto sacrificio.

Concluyo esta serie de artículos sobre Chile con una reflexión, no sólo valedera para el pueblo de esa gran nación, sino para todos los latinoamericanos y especialmente para los venezolanos. Tuvieron que transcurrir 20 años, en medio del caos, producto de un gobierno totalmente divorciado de la realidad que quiso imponer una ideología política absolutamente fracasada históricamente; y una dictadura atroz empecinada en imponer su voluntad, conculcando la libertad y los derechos de un pueblo; para que, al final, se impusieran la sensatez, el consenso y la unidad de propósito entre las diferentes fuerzas políticas que permitieron el retorno de la democracia y del progreso. Afortunadamente, creo que esa experiencia privó para conjurar la reciente crisis, la cual amenazaba la vigencia de la democracia chilena.