OPINIÓN | Carta pública a Enrique Iglesias, por Ochoa Antich
Artículo de opinión de Fernando Ochoa Antich
Tuve el honor de conocerlo durante la compleja situación política que enfrentaba el gobierno del presidente Carlos Andrés Pérez después del estallido social del 27 de febrero de 1989 y los intentos de golpes militares contra su gobierno en 1992. Usted presidía en ese momento el Banco Interamericano de Desarrollo y yo era canciller de Venezuela. Recuerdo sus acertadas opiniones sobre la manera de enfrentar la crisis venezolana de esos años. Sus prudentes criterios fueron siempre valorados por el presidente Pérez, quien reconocía en usted sus valiosas condiciones personales y su vasta experiencia política al haber formado parte del gobierno democrático del presidente Julio María Sanguinetti, quien también tuvo que enfrentar difíciles circunstancias políticas después de trece años de dictadura militar. Ahora usted ha sido nombrado por la Unión Europea “Asesor especial para Venezuela”, “con el objetivo de respaldar los esfuerzos europeos y del Grupo Internacional de Contacto en favor de una solución pacífica y democrática a la crisis” que azota a Venezuela. Le deseo un gran éxito en sus delicadas funciones.
Sin embargo, me siento obligado a expresarle mi visión sobre la situación venezolana, a pesar de que reconozco en usted a una persona que conoce ampliamente el acontecer político de América Latina. El régimen madurista es un sistema totalitario, absolutamente ilegitimo, que viola permanentemente los derechos humanos y las libertades democráticas de su pueblo. Esta realidad surgió desde la misma muerte de Hugo Chávez, al encargarse el vicepresidente Maduro del poder Ejecutivo, para luego violar el artículo 229 constitucional que le impedía taxativamente ser candidato a la presidencia de la República por desempeñar ese cargo. De todas maneras lanzó su candidatura presidencial para las elecciones del 14 de abril de 2013, en un proceso electoral plagado de irregularidades y atropellos, que condujeron a su supuesto triunfo por una pequeña diferencia de 234.435 votos. El día de las elecciones impidió el cierre de las mesas electorales a las 4 p.m., como lo establece la ley electoral, momento en el cual Henrique Capriles era el triunfador, para conducir a la fuerza, hasta las 10 p.m., a miles de venezolanos a las mesas de votación.
Nicolás Maduro, al asumir la presidencia de la República, se negó tercamente a corregir el curso de la equivocada y corrupta política económica establecida por Hugo Chávez, sin entender que la caída de los precios petroleros podía conducir a Venezuela a una grave depresión. El inmediato y creciente rechazo popular a su gobierno lo condujo a una importante derrota en las elecciones parlamentarias de 2015. La oposición obtuvo una amplia mayoría, al obtener 167 diputados, mientras el oficialismo apenas logró 55 diputados. Esta realidad no fue aceptada por Nicolás Maduro. La Asamblea Nacional, totalmente controlada por el gobierno y a punto de cesar en sus funciones, designó a los magistrados del Tribunal Supremo de Justicia que les correspondía ser escogidos por la Asamblea recién electa. Ese ilegítimo Tribunal Supremo de Justicia inhabilitó, inconstitucionalmente, a tres diputados a fin de impedir que la oposición pudiera alcanzar las 2/3 partes de la Asamblea Nacional. Ante la reacción del nuevo parlamento, el inconstitucional Tribunal Supremo de Justicia declaró en desacato a la legítima Asamblea Nacional.
La maniobra continuó. Se intentó convocar un Referendo Revocatorio del presidente de la República, pero las firmas requeridas y recogidas por la oposición fueron cuestionadas por otra decisión judicial de tribunales de primera instancia regional, impidiendo su realización. Estas acciones debilitaron la fe de los venezolanos en el voto ante la certeza que mientras no hubiese un cambio en el actual Consejo Nacional Electoral y las elecciones no fuesen garantizadas con una amplia observación internacional, no se justificaba votar. Durante la elección de la írrita Asamblea Nacional Constituyente, en junio de 2017, hubo una participación menos al 10%; la elección de alcaldes y gobernadores, en diciembre de 2017, tuvo una participación cercana al 7% y la también inconstitucional elección presidencial de mayo de 2018 tuvo una participación del 10% de los electores. Esta última se caracterizó por la inhabilitación arbitraria de los principales partidos políticos y los posibles candidatos, así como la persecución y encarcelamiento de muchos de ellos. Además, todas las protestas en contra de estos abusos fueron brutalmente reprimidos.
El caos nacional existente en Venezuela ha provocado el mayor éxodo de personas conocido en la historia de nuestro Continente y el desconocimiento del ilegítimo gobierno de Nicolás Maduro por 59 gobiernos democráticos del mundo, los cuales a su vez reconocieron la decisión de la legítima Asamblea Nacional de designar a su presidente Juan Guaidó, en enero de 2019, como presidente provisional de Venezuela. Tal situación, de por sí de suma gravedad, se complicó aún más por otra nueva maniobra del régimen madurista que intentó impedir la reelección de Juan Guaidó como presidente de la Asamblea Nacional, el pasado 5 de enero de 2020, al utilizar efectivos de la Guardia Nacional y miembros de bandas armadas cercanas al oficialismo para impedir el ingreso de la totalidad de los parlamentarios al recinto de la Asamblea Nacional. Sin embargo la gran mayoría de los diputados de oposición con gran entereza se reunieron en la sede del diario “El Nacional” para votar nominal y mayoritariamente por Juan Guaidó como presidente de la Asamblea y presidente interino de Venezuela. Estas irregulares e inconstitucionales maniobras han generado las sanciones internacionales.
La situación de Venezuela es de suma gravedad. Nuestro pueblo no sólo tiene que enfrentar diariamente todo tipo de calamidades sino que además el régimen madurista irrespeta permanentemente sus derechos humanos y políticos a través de medios violentos, utilizando a la Fuerza Armada Nacional, organismos de seguridad del Estado y grupos civiles armados. El mejor ejemplo de esa realidad fue el atentado realizado por esos grupos, en la ciudad de Barquisimeto, en contra del presidente Guaidó al atacarlo con armas de fuego con clara intención de asesinarlo o atemorizarlo. El caso, mi estimado amigo, es que Venezuela necesita de la comprensión y el apoyo de la comunidad internacional para poder enfrentar el régimen totalitario de Nicolás Maduro. Su presencia, como asesor especial para Venezuela, en la reuniones que se realizarán en los próximos días entre el Grupo de Lima y la Comunidad Europea me genera esperanza y fe. Usted conoce suficientemente bien la situación de mi país para asesorar con acierto a los distintos gobiernos en las medidas urgentes que deben tomarse para resolver la muy grave situación nacional. ¡Qué Dios lo ilumine!
