OPINIÓN | Bolivia: ¿golpe militar? por Fernando Ochoa Antich

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Varios jefes de Estado han declarado, con alguna ligereza, que lo ocurrido en Bolivia, con la renuncia de Evo Morales, fue un golpe de Estado protagonizado por las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional.  No comparto ese criterio. El gobierno de Evo Morales es un excelente ejemplo de lo que significa un régimen influido por la visión del Socialismo de Siglo XXI: alcanzar el poder a través de elecciones democrática para preservarlo indefinidamente mediante la permanente violación de los valores fundaméntales de una democracia: el equilibrio de los poderes del Estado, la limitación de las libertades ciudadanas, la alternancia republicana, la utilización indebida de los dineros públicos y la  politización de las Fuerzas Armadas.  Además, el régimen de Morales buscó modificar la base social de Bolivia al reconocer constitucionalmente que en su territorio convivían 36 naciones distintas y no un solo pueblo, mestizo racialmente,  como base del Estado para tratar de crear  la mitología del Estado plurinacional. El deber de las Fuerzas Armadas bolivianas era reconstituir las bases fundamentales del Estado.

Además, la candidatura de Evo Morales, para las elecciones presidenciales del 20 de octubre de 2019, presentaba un grave cuestionamiento que comprometía,  de antemano, la legitimidad de su posible triunfo. El 21 de febrero de 2016 se presentó a referéndum una propuesta de reforma constitucional que, entre otras modificaciones, planteaba eliminar la prohibición existente de poder reelegirse por tercera vez. Ese proyecto fue rechazado con una victoria del no, con el 52 %, frente al sí, con el 48 % de los votos. El 28 de noviembre de 2017, el Tribunal Constitucional Plurinacional, parcializado a favor del régimen, falló a favor de una “repostulación indefinida” aduciendo que los derechos políticos estaban por encima de la voluntad popular. Acto seguido, el Tribunal Supremo Electoral, también parcializado a favor del gobierno, convocó a elecciones presidenciales y legislativas permitiendo que  Morales lanzara su candidatura. Las numerosas irregularidades ocurridas durante las elecciones fueron rechazadas por todos los factores de  oposición a través de multitudinarias protestas.

Las protestas de esos factores, ante la represión policial y de grupos organizados del oficialismo, tomaron mayor fuerza al desarrollarse en antiguos  reductos controlados por el régimen. Universitarios y clases medias se movilizaron durante la noche para enfrentar a las patrullas policiales y a los poderosos sindicatos  y “movimientos sociales” oficialistas generándose centenares de heridos, aunque de manera sorprendente las fuerzas del orden, sólo causaron tres muertos. El sector minero amenazó con utilizar tacos de dinamita en el enfrentamiento social existente creándose dos bandos, en permanente y violenta lucha que no daba muestras de perder fuerza. Al contrario, el presidente del Comité Cívico de Santa Cruz, Luis Fernando Camacho, con  un particular carisma, endureció las exigencias, en medio de multitudinarias manifestaciones, al solicitar la renuncia de Evo Morales, de todos los miembros de su gobierno, del  Tribunal Supremo de Justicia, del Tribunal Constitucional y de los senadores y diputados.