OPINIÓN| A propósito de estas elecciones por Fernando Ochoa Antich
Redacción 800 Noticias
El absurdo debate surgido en estos tiempos, entre abstencionistas y votantes, tiene un importante antecedente en nuestra historia: el fraude electoral realizado por el teniente coronel Marcos Pérez Jiménez, ministro de la Defensa y miembro de la Junta de Gobierno, en contra de la voluntad popular el 30 de noviembre de 1952. Es de interés, para poder entender lo ocurrido puntualmente ese día, visualizar el proceso político y militar que surgió como consecuencia del derrocamiento del gobierno constitucional de Rómulo Gallegos el 24 de noviembre de 1948. El presidente Gallegos no consideró necesario invitar a formar gobierno a otros sectores sociales y políticos. Creyó, equivocadamente, que la exclusiva presencia de AD en el gobierno era suficiente para enfrentar la creciente crisis política. Este sectarismo no consideró que sus reales adversarios políticos, gomecistas, lopecistas y medinistas, se iban a ver fortalecidos por la presencia de URD, Copei y otros sectores sociales como el capital nacional, las empresas petroleras extranjeras y la Iglesia Católica. Tal alianza, sumada al creciente malestar militar, indicó que vendrían tiempos turbulentos.
Así ocurrió. La propia personalidad del maestro Gallegos, de gran autoridad moral, pero de exagerada rigidez, impidió que la crisis militar encontrara alguna forma de solución. Los rumores de un posible golpe de Estado empezaron a escucharse por todas partes. Rómulo Betancourt regresó a Venezuela en septiembre del año 48. El 22 de noviembre logró conversar con los jefes militares. De esa conversación concluyó que era posible ganar tiempo, pero el golpe se hizo indetenible. Finalmente, una junta militar, constituida por Carlos Delgado Chalbaud, Marcos Pérez Jiménez y Luis Felipe Llovera Páez, reemplazó al gobierno de Gallegos. En su primera alocución, el teniente coronel Delgado, presidente de la Junta Militar, expuso lo que sería la orientación del nuevo régimen: “No se ha asumido el poder para atentar contra los principios democráticos, sino para obtener su efectiva aplicación y preparar una consulta electoral a la cual concurra toda la ciudadanía en igualdad de condiciones”. Definitivamente, estaba decidido a conducir a Venezuela hacia unas elecciones y restablecer el Estado de Derecho.
El 28 de noviembre de 1949 se instaló la comisión redactora del Estatuto Electoral presidida por los doctores Luis Gerónimo Pietri, Rafael Caldera y Jóvito Villalba. El 22 de mayo de 1950, la comisión redactora sancionó el estatuto para su definitiva promulgación. El régimen militar autorizó a debatir públicamente su contenido. Todo parecía enrumbado a superar la crisis y la interinidad mediante una consulta popular que restituyera la vigencia del Estado de Derecho. La posible candidatura del propio Delgado empezó a tomar fuerza. Los sectores más reaccionarios, militares y civiles, vieron con antipatía esa posibilidad. La conspiración en su contra empezó a tomar fuerza y el 13 de noviembre de 1950, Delgado Chalbaud es secuestrado y asesinado por el “general” Rafael Simón Urbina y un grupo de secuaces. El objetivo del secuestro era presionar al teniente coronel Pérez Jiménez para que tomara el poder. La captura de Urbina y su asesinato en la noche de ese mismo día, encontrándose herido de gravedad, y las graves acusaciones de Lucía Devine, esposa del coronel Delgado, en contra del teniente coronel Pérez Jiménez, y su posterior expulsión de Venezuela, demostraron la complicidad Marcos Pérez Jiménez.
Pocos días después se constituyó una nueva Junta de Gobierno presidida por el doctor Germán Suárez Flamerich y los tenientes coroneles Marcos Pérez Jiménez y Luis Felipe Llovera Páez. El nuevo gobierno decidió darle continuidad a la convocatoria electoral y procedió a promulgar el Estatuto Electoral, el 18 de abril de 1951, luego de realizarle importantes cambios al proyecto original. Fundamentalmente, se limitaron sus funciones a la aprobación de una nueva constitución, restándole cualquier otra atribución y prohibiendo la participación de los partidos ilegalizados: Acción Democrática y el Partido Comunista de Venezuela. Al definirse la realización del proceso electoral, Rómulo Betancourt, la dirección de AD en el exilio y el CEN en la clandestinidad rechazaron con firmeza cualquier posibilidad de participar en los comicios, por considerarlos amañados y de resultados favorables a la dictadura. La decisión que tomó la Junta de Gobierno de realizar el proceso electoral descansó en la convicción que tuvo el régimen militar de una segura victoria.
Los partidos URD y Copei aceptaron participar en dichas elecciones y se inició la campaña electoral. El régimen constituyó un partido oficialista de nombre Frente Electoral Independiente, FEI. Jóvito Villalba y Rafael Caldera recorrieron Venezuela, generando un sentimiento de esperanza y solicitando el voto de los venezolanos. El 21 de octubre fue asesinado Leonardo Ruiz Pineda, secretario general de AD, y fue sustituido por Alberto Carnevalli. El 26 de noviembre de 1952, Jóvito Villalba cerró su campaña electoral en el Nuevo Circo con una multitud impresionante que escuchó expectante sus críticas a la dictadura: la ausencia de libertades, las persecuciones, las limitaciones a la libertad de expresión, y abogando por una Venezuela “sin perseguidos ni perseguidores”. Al recordar, con voz emocionada, la figura de Leonardo Ruiz Pineda, en medio de las banderas amarillas, surgieron los pañuelos blancos indicando que los militantes de Acción Democrática votarían por URD en las próximas elecciones.
El 30 de noviembre de 1952, la concurrencia masiva de votantes indicó que existían grandes posibilidades de triunfo de la oposición. Esa misma noche, el primer resultado hecho público por el Consejo Supremo Electoral así lo demostró: URD: 294.503 votos, FEI: 147.528 votos, Copei: 89.095 votos. La parálisis e indecisión del gobierno ante la noticia de la derrota ha sido motivo de polémica. La razón fue la siguiente: el Alto Mando Militar, reunido en el Ministerio de la Defensa, no logró inicialmente ponerse de acuerdo. El teniente coronel Félix Román Moreno, jefe del Estado Mayor General, tuvo un fuerte cruce de palabras con Marcos Pérez Jiménez, quien proponía el desconocimiento de los resultados. El teniente coronel Luis Felipe Llovera Páez consideró que, ante la derrota, se debía entregar el poder. Ante esta circunstancia, Pérez Jiménez manifestó su deseo de abandonar el país. El teniente coronel Oscar Tamayo Suárez logró, con un mensaje sereno, reducir las tensiones. En ese nuevo ambiente, la mayoría del Alto Mando Militar decidió desconocer las elecciones y designar a Marcos Pérez Jiménez presidente provisional de Venezuela.
El politólogo John Magdaleno ha desarrollado como tesis que entre votar y abstenerse es preferible votar aunque ocurra un fraude, ya que las tensiones internas de un hecho de tanta gravedad debilitan la unidad interna del grupo gobernante. Eso ocurrió el 30 de noviembre de 1952: el teniente coronel Félix Román Moreno fue destituido de su cargo y enviado de agregado militar a Bélgica hasta enero de 1958. El teniente coronel Luis Felipe Llovera Páez estuvo fuera del gobierno y de Venezuela por más de dos años, y logró posteriormente reconciliarse con Pérez Jiménez. Altos funcionarios civiles también renunciaron y se alejaron del régimen militar, entre ellos: Germán Suárez Flamerich, Miguel Moreno, secretario de la Junta de Gobierno, y Antonio Martín Araujo, embajador en Washington. También creo que una situación de fraude electoral genera tales tensiones internas que puede facilitar el desarrollo de otros escenarios de solución de una crisis política como podrían ser la salida militar o la intervención militar multilateral. Ya veremos qué ocurre después del 20 de mayo. Adelante. La lucha continúa.
fochoaantich@gmail.com.
