ONU y UE invertirán 58 millones de dólares contra feminicidios en Latinoamérica
EFE
La Organización de Naciones Unidas (ONU) y la Unión Europea (UE) presentaron este jueves un programa de 50 millones de euros (58 millones de dólares) para combatir la violencia de género y tratar de acabar con los feminicidios en varios países de América Latina.
El plan es parte de la Iniciativa Spotlight, una acción a escala global puesta en marcha por las dos organizaciones el pasado año y que ahora llega a Latinoamérica.
Argentina, México, El Salvador, Guatemala y Honduras son los países en los que se centrará la inversión, presentada en un acto en los márgenes de la Asamblea General de Naciones Unidas con representantes de esas naciones y de los organismos internacionales.
«Ninguna mujer debería morir por ser mujer», defendió la vicesecretaria general de la ONU, Amina Mohammed, gran impulsora de la Iniciativa Spotlight junto a Neven Mimica, el comisario europeo de Cooperación Internacional y Desarrollo.
Mimica destacó que «matar a una mujer por el mero hecho de ser una mujer es el crimen más indignante que uno puede concebir» y reiteró el compromiso de Bruselas para trabajar con autoridades y organizaciones de otros países para actuar contra las «raíces del feminicidio».
Estas, recordó, están a menudo en las actitudes patriarcales, la misoginia o el sexismo.
«La violencia de género afecta a todos los países y a las mujeres y niñas en todas partes», recordó en un comunicado la directora ejecutiva de ONU Mujeres, Phumzile Mlambo-Ngcuka.
Las cifras, sin embargo, son especialmente preocupantes en Latinoamérica, donde se encuentran 14 de los 25 países del mundo con las mayores tasas de feminicidio.
En el caso de los países que se beneficiarán de este plan, en 2016, 2.813 mujeres y niñas fueron asesinadas en México, 466 en Honduras, 349 en El Salvador, 254 en Argentina y 211 en Guatemala.
Además de la atención especial a esos cinco países, la Iniciativa Spotlight incluirá acciones más generales para toda la región.
El programa busca solucionar deficiencias legislativas y de políticas, reforzar instituciones, promover la igualdad de género y ofrecer servicios para supervivientes y reparaciones para las víctimas de violencia y sus familias.
