ONU y HRW repudiaron los actos vandálicos en Brasil
EFE
El Secretario General de la ONU, António Guterres, condenó sin ambages «el asalto a las instituciones democráticas de Brasil» sucedido este domingo.
En un tuit de su cuenta oficial desde Ginebra, donde este lunes participará en una conferencia sobre resiliencia climática, Guterres recordó que «Brasil es un gran país democrático» y que «la voluntad del pueblo brasileño y sus instituciones democráticas deben ser respetadas».
«Tengo confianza en que así será», dijo Guteres en su tuit, publicado en inglés y a los pocos minutos en portugués, lengua nacional de Brasil .
Guterres se refería así a los hechos sucedidos en Brasilia durante la tarde del domingo, cuando miles de bolsonaristas entraron de forma violenta en las sedes del Parlamento, la Presidencia y el Supremo, y provocaron graves daños en el interior de los mismos durante cuatro horas, hasta que las fuerzas de seguridad actuaron para dispersarlos.
La actuación de los bolsonaristas ha merecido repudio internacional, en primer lugar desde América Latina, donde han sido numerosos los jefes de estado que condenaron lo que llamaron intento de golpe de estado, además del presidente estadounidense Joe Biden o de la Comisión Europea.
Responsabilizan a Bolsonaro
Por su parte, la organización Human Rights Watch (HRW) culpó a la «campaña» de descrédito del expresidente Jair Bolsonaro contra la democracia por haber contribuido a alentar los actos golpistas de sus seguidores de este domingo.
«Este ataque es el resultado de una campaña del expresidente Jair Bolsonaro y sus aliados para socavar los principios democráticos y difundir alegaciones infundadas de fraude electoral», dijo en un comunicado la directora interina para las Américas de HRW, Tamara Taraciuk Broner.
Para HRW, los «actos de violencia y vandalismo» ocurridos en Brasilia, cuando miles de simpatizantes de Bolsonaro invadieron y causaron cuantiosos daños en el Congreso, la Presidencia y la Corte Suprema, «constituyen un ataque inaceptable contra las instituciones».
Los bolsonaristas radicales, que estaban acampados frente a los cuarteles del Ejército en varias ciudades desde el pasado 30 de octubre, piden una intervención militar para deponer al actual mandatario, Luiz Inácio Lula da Silva.
Lula venció en la segunda vuelta de las elecciones con el 50,9 % de los votos válidos, frente al 49,1 % de Bolsonaro, quien todavía no ha reconocido abiertamente la derrota.
«Las autoridades locales no tomaron las medidas adecuadas para proteger edificios federales clave, particularmente considerando que partidarios de Bolsonaro llevaron a cabo incidentes violentos anteriores», como los del pasado 12 de diciembre, apuntó HRW.
Para la entidad, «La Policía y la Fiscalía deben investigar no solo a quienes cometieron actos de violencia el 8 de enero, sino también a quienes los incitaron y financiaron».
Amnistía Internacional Brasil, por su parte, emitió un comunicado en el que «exige investigaciones rápidas, imparciales y efectivas que sean conducidas por las instituciones competentes para que los actos sean investigados».
«La invasión y depredación de edificios públicos, la destrucción de documentos, violaciones de la seguridad e integridad física de periodistas que acompañan los actos y de agentes de las fuerzas de seguridad agredidos por extremistas deben ser investigados», aseveró AI.
Para la organización, «el intento de destrucción y sustracción de aparatos y cámaras de profesiones de comunicación representan una grave violación de derecho a la libertad de expresión de la prensa».
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