ONU responsabiliza al gobierno mexicano por desaparición forzada en Veracruz
EFE
Autoridades estatales mexicanas presuntamente vinculadas a organizaciones criminales fueron responsables de la desaparición forzada de Christian Téllez, ocurrida en el estado de Veracruz (este de México) en 2010, denunció hoy en un dictamen el Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas, con sede en Ginebra.
En consecuencia, «México debe llevar a cabo una investigación exhaustiva, rigurosa, imparcial, independiente y efectiva sobre las circunstancias de esa desaparición», señaló el dictamen del comité, formado por 18 expertos internacionales en derechos humanos.
Téllez conducía su automóvil por la ciudad de Poza Rica el 20 de octubre de 2010 cuando dos patrullas de policía lo detuvieron y le obligaron a subir a uno de los vehículos policiales a punta de pistola.
Su compañera Aidée Galindres, que presenció los hechos, no pudo encontrarlo en ninguna comisaría, y ella y familiares de la víctima presentaron denuncias en las que incluso identificaron a tres policías como responsables de la desaparición, mientras Téllez continúa en paradero desconocido y se ignora si sigue vivo.
Los superiores de estos policías -algunos de ellos posteriormente detenidos por supuestos vínculos con la banda criminal de Los Zetas- protegieron a sus subalternos para que no fueran procesados, por lo que la familia de Téllez decidió llevar el caso ante el Comité de Derechos Humanos.
Este organismo determinó que las autoridades mexicanas han cometido violaciones a los derechos a la vida, la integridad física y psíquica, la libertad, el reconocimiento de la personalidad jurídica, y a recursos judiciales efectivos.
Además, no se practicaron a tiempo diligencias oportunas, «lo que conllevó la pérdida de pruebas importantes», mientras que las investigaciones «no fueron independientes e imparciales», por lo que no aclararon las circunstancias de la desaparición ni identificaron a los responsables, destacó el dictamen.
«Es fundamental que México empiece a procesar y castigar a los responsables de desapariciones forzadas, para poner fin a la impunidad estructural que opera», señaló en un comunicado Hélène Tigroudja, uno de los miembros del comité
