ONGs advierten que el Gobierno de Maduro comete delitos de lesa humanidad
Nota de prensa
Para los representantes nacionales de la ONG Canadian Human Rights International (Chrio) y del Centro Popular de Formación Ciudadana (Cpfc), el Gobierno venezolano comete delitos de Lesa Humanidad al cercenar el derecho a la vida y adecuada atención sanitaria de la ciudadanía.
Durante un foro denominado “Las Malas Políticas en Salud como Delito de Lesa Humanidad” la exmagistrada Blanca Rosa Mármol de León denunció que el Gobierno de Maduro “tolera la muerte de adultos y niños por falta de medicina” y que este delito está contemplado en el artículo 7 del Estatuto de Roma (pacto que suscribe Venezuela) en el cual se establece la persecución de grupos con identidad propia (en este caso los opositores) por causas políticas, sobre todo por la negativa ciudadana de asumir el socialismo como modelo gubernamental.
“Hay un ataque generalizado y sistemático hacia una población civil, eso es lo que vivimos con respecto a la dotación de medicinas. De manera consciente se nos impide el acceso a los medicamentos y el Gobierno se da el lujo de tolerar la muerte de nuestros niños y ancianos en los hospitales, que nuestra gente tenga que comer lo que encuentre en la basura; eso tiene que pagarse, hay que responder por eso porque no vivimos en un mundo aislado. Los Derechos Humanos son universales”, acotó.
Al respecto, el médico, abogado, politólogo y expresidente del IVSS Rafael Arreaza, advirtió que existe un convenio de cooperación en el cual Venezuela entrega a Cuba unos 100 mil barriles de petróleo, lo equivalente 4 mil millones de bolívares al día y Cuba se compromete a resolver nuestros problemas de salud. “Cuba no tiene la experticia ni la capacidad para asumir esa labor, por eso este hecho constituye un hecho doloso contra los venezolanos”, afirmó.
Explicó que este convenio representa un proyecto político y económico que solo favorece al gobierno de Cuba, y que el Ejecutivo venezolano coloca políticas económicas por encima del derecho a la vida de la ciudadanía en el país. “Aunado a esto, no ejecutan presupuestos coherentes que permiten cancelar deudas a la industria farmaceuta, por lo que hay ausencia de medicinas y muerte de enfermos crónicos”, dijo.
Por su parte, la abogada Larilem Rodríguez, coordinadora nacional de la ONG Canadian Human Rights International (Chrio) misión Miranda y coordinadora de DDHH del Centro Popular de Formación Ciudadana (Cpfc) manifestó que existe una alarma internacional por la situación y que han sido 17 años de políticas orientadas a cercenar DDHH fundamentales e incrementar casos de exterminio.
“Reiteramos el llamado al Gobierno para que tome medidas, los muertos no se pueden revivir pero si con quienes están vivos y con precarios estados de salud pueden salvarse, nadie escapa de enfermarse y se debe erradicar esta situación, aplicando políticas totalmente distintas a las actuales”, señaló.
