ONG: No hay leyes que resguarden los datos de los ciudadanos
EFE | Foto referencial
La ONG VE Sin Filtro denunció este domingo 28 de enero la «ausencia de un marco jurídico» en Venezuela que garantice la protección de los datos personales que la ciudadanía confía a organismos y empresas del Estado, así como a compañías privadas.
«Frente a la ausencia de un marco jurídico y de normas que protejan los datos personales y el desinterés por parte de los entes públicos y algunas empresas en hacer uso responsable de estos datos, cada ciudadano necesita tomar en sus propias manos la protección de la información, tanto como sea posible», dijo la ONG en un comunicado.
A propósito de celebrarse este domingo el Día Internacional de la Protección de Datos Personales, la organización reiteró «la necesidad de que en Venezuela existan leyes y procedimientos que ofrezcan garantías y resguarden la información de todos»
Explicó que los datos e información personal, solicitada por empresas públicas y privadas para distintos procedimientos o trámites, debe ser recopilada y procesada de «forma transparente, consensuada y lícita».
«En un contexto en el que cada vez son más las aplicaciones administradas por el Gobierno y en el que se ha hecho evidente el interés de utilizar y acceder a datos personales con fines de control social y político, los usuarios deben ser más cautelosos y el Estado garantizar que esas aplicaciones y sus datos no serán abusados», apuntó la ONG.
La organización recordó que en 2022 registró «la acción del aparato de vigilancia masiva de las telecomunicaciones en Venezuela», a través de un reporte de transparencia de una empresa privada en el que se «evidenció que, en 2021, más del 20 % de todas las líneas» de esa operadora «fueron interceptadas».
Además, aseguró que ha podido documentar «cómo se entregan datos personales a organismos del Estado sin orden judicial».
Al respecto, destacó que ante solicitudes de información por parte de organismos del Estado, es necesario respetar la privacidad de las personas y entregar información «sólo en investigaciones legítimas» que cumplan estándares internacionales de derechos humanos.
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