ONG rechaza nombramiento en alto cargo de jueza que condenó a López
Caracas, AFP.- Organizaciones no gubernamentales criticaron el viernes la designación de la jueza que condenó al opositor venezolano Leopoldo López en un organismo encargado de velar por el derecho a la defensa de los procesados.
«Este nombramiento responde a una suerte de recompensa por haber actuado de forma inconstitucional, pero plegada a los designios del poder en el caso de Leopoldo López», dijo a la AFP Gonzalo Himiob, director de la ONG Foro Penal.
Susana Barreiros, quien el pasado 10 de septiembre condenó a López a 13 años y nueve meses de cárcel, fue designada el jueves titular de la Defensoría Pública por parte de la mayoría oficialista en la Asamblea, cuyo control asumirá la oposición de centroderecha el próximo 5 de enero.
Esa entidad es la encargada de garantizar el «cumplimiento del derecho a la defensa y el debido proceso» de personas imputadas ante la justicia.
Barreiros sentenció al líder del ala radical de la oposición acusado de incitar a la violencia durante protestas para presionar la renuncia del presidente Nicolás Maduro, que dejaron 43 muertos entre febrero y mayo de 2014.
«La persona encargada de atender uno de los derechos humanos más importantes como es la defensa, fue una violadora de ese mismo derecho en el juicio» a López, señaló a la AFP Carlos Nieto, coordinador de la ONG Una Ventana a la Libertad, indicando que la jueza impidió a los abogados del dirigente presentar pruebas.
La jurista mantuvo un perfil bajo tras la condena -que fue apelada- y de momento no se ha referido a las críticas que desató su nombramiento por parte, además, de la esposa de López, Lilian Tintori, y líderes opositores.
«Es un premio a la injusticia porque todos sabemos que cometió el delito de condenar a un inocente», declaró Tintori al canal NTN24.
Himiob señaló que Barreiros podría ser removida de su cargo por la nueva mayoría en el parlamento, donde la oposición tendrá amplios poderes al haber logrado dos tercios de los escaños en las elecciones del domingo pasado.
La MUD se plantea como primer acto legislativo la aprobación de una amnistía para unos 80 políticos presos, aunque Maduro anunció que la vetará.
De ser así, la Asamblea está facultada para promulgarla, y en ese caso el gobierno podría impugnarla ante el Tribunal Supremo de Justicia, explicó el coordinador de Foro Penal, que asesora en la redacción del proyecto.
