ONG exigen liberación de Javier Tarazona a 11 meses de su detención
EFE
Varias ONG de Venezuela exigieron este jueves la liberación de Javier Tarazona, director de la organización pro derechos humanos Fundaredes, al cumplirse once meses de su detención, que se produjo el 2 de julio de 2021 tras ser acusado de terrorismo, incitación al odio y traición a la patria.
Además, las entidades, entre las que se encuentran Provea, la Comisión para los Derechos Humanos y la Ciudadanía, Acción por la Libertad o Fundaredes, solicitaron atención médica para el preso mientras permanezca detenido, ya que -aseguran- su salud es delicada al tener, desde antes de su arresto, problemas cardíacos que se han complicado en prisión.
«Javier Tarazona, director de la ONG Fundaredes, hoy se cumplen 11 meses de su detención arbitraria junto a dos compañeros. Es acusado, sin pruebas, de cometer delitos de traición a la patria, terrorismo e instigación al odio (…) defender derechos humanos en Venezuela no es un delito. Libérenlo!, escribió Acción por la Libertad en Twitter.
En la misma red social, Provea recordó que el activista lleva 335 días detenido de manera «injusta» e insistió en la necesidad de que su salud sea atendida.
«335 días sin ayudar. Javier Tarazona, defensor de derechos humanos y director de Fundaredes cumple 335 días de injusta detención por denunciar abusos. Javier necesita atención médica, defender derechos humanos NO es un delito #LiberenATarazona #2Jun», publicó la organización.
Tarazona fue capturado junto a su hermano Rafael Tarazona y el abogado Omar de Dios García en el estado Falcón, cuando acudían a la oficina fiscal de la localidad de Coro, a denunciar que estaban siendo víctimas de acoso y persecución por funcionarios de la Policía y agentes del Servicio Bolivariano de Inteligencia (Sebin), según informó Fundaredes.
No obstante, Rafael Tarazona y García fueron excarcelados el 26 de octubre, bajo el régimen de presentación.
La libertad de Tarazona, considerado la principal voz de denuncia en el conflicto desatado el año pasado en el estado Apure, fronterizo con Colombia, entre las Fuerzas Armadas y disidentes de las FARC, ha sido solicitada de manera reiterada por diversas organizaciones de derechos humanos. EFE
