ONG exige a López Obrador prohibir el “fracking” en México
EFE
La Alianza Mexicana contra el Fracking (Amcf) denunció este miércoles que el presupuesto económico de 2024 contempla dos proyectos con esa práctica extractiva, por 4.063 millones de pesos (unos 237 millones de dólares), aunque el presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que está prohibida.
La organización aceptó que se reducen en un 50 % para 2024 los recursos para «fracking», que fueron de 8.208 millones de pesos (478 millones de dólares) en 2023, pero consideró que «es tiempo de dar el siguiente paso y prohibir esta técnica riesgosa y contaminante».
En un comunicado, la Alianza señaló que a lo largo de la Administración de López Obrador, que se inició el 1 de diciembre de 2018 y finaliza el 30 de septiembre de 2024, se mantuvo una inyección constante de recursos al «fracking».
Recordó que desde 2019 se ha asignado presupuesto a dos proyectos con esa práctica, «Aceite Terciario del Golfo (ATG)» y «Aceite y Gas en Lutitas», lo que contradice la promesa del presidente de prohibir la técnica.
La organización consideró positivo que se reduzca el presupuesto, pero que «no basta para cumplir» con uno de los 100 compromisos del presidente López Obrador «de prohibir métodos de extracción de materias primas que afecten la naturaleza y agoten las vertientes de agua», como el «fracking».
«Al contrario, preocupa que se mantengan proyectos y se sigan asignando recursos a esta tecnología peligrosa y ya prohibida en otros países», expuso la AMCF.
Acusó a Petróleos Mexicanos (Pemex) de realizar «fracking» en el país, ejerciendo el 55 % de los recursos asignados a proyectos de esta técnica.
Además, en 2020 la Comisión Nacional de Hidrocarburos (CNH) «reconoció la existencia de seis asignaciones petroleras con planes de exploración en yacimientos no convencionales en diversas áreas, y que se habrían perforado al menos 27 pozos horizontales con ‘fracking'».
La Alianza expuso que, a pesar de esta contradicción, «la actual Administración aún tiene tiempo de cumplir ya que le quedan 12 meses para emitir un decreto o ley que prohíba esta tecnología».
Recordó que la citada técnica de extracción «requiere enormes cantidades de agua, por lo que compromete la disponibilidad del líquido para las poblaciones vecinas» por lo que destinar agua al «fracking» en un país con estrés hídrico como México y en un contexto de crisis climática «no es aceptable».
Explicó que el agua se mezcla con sustancias químicas de alta toxicidad para los seres vivos, incluyendo las personas, y «una parte importante de esta agua contaminada se va al subsuelo y puede contaminar otros acuíferos».
Además, se producen fugas y derrames y emisiones que contaminan el aire, el agua, las tierras de cultivo y pastura, que se suman a la sismicidad inducida por esta práctica.
«El ‘fracking’ afecta los derechos humanos a un medio ambiente sano, a la salud, a la tierra, al territorio, a alimentación y a la vivienda adecuada para la población», señaló la AMCF.
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